El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido a la Iglesia Católica en España mayor ejemplaridad que a otras instituciones para combatir los abusos sexuales, al tiempo que niega que el informe que elaboró sea “munición” contra ella.

Así lo ha hecho en su comparecencia este martes ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo formada por congresistas y senadores, donde ha dado cuenta del Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Una respuesta necesaria

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Este informe es resultado de la encomienda realizada por el Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo en el mes de marzo de 2022 y que fue entregado a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol el pasado 27 de octubre de 2023. Ese mismo día, la Conferencia Episcopal Española (CEE) anunció la convocatoria de una Asamblea Plenaria extraordinaria para abordar la cuestión de los abusos.

En una reunión que se ha alargado por un tiempo de tres horas, Ángel Gabilondo ha expresado que le pide “a la Iglesia Católica un comportamiento que quizá no pido a otras instituciones”. El Defensor del Pueblo ha afirmado que “su modo de proceder es una referencia absoluta para toda la sociedad”, hasta el punto de que las víctimas han sufrido, con los abusos, “un daño espiritual”.

En el discurso de Gabilondo, esta exigencia de responsabilidad superior a otras instituciones o ámbitos sociales, a pesar de que en ellas se producen los abusos sexuales con mayor prevalencia, es compatible con asegurar que “en ningún caso nuestro informe es munición contra la Iglesia”.

Aún así, en la línea de lo expuesto por el informe, Gabilondo ha reiterado que, según la encuesta encargada para la elaboración del informe, el 1’13% de la población adulta en España habría sido víctima de abuso en el ámbito religioso, lo que equivaldría a unas 400.000 personas. Esta extrapolación fue rechazada por los obispos.

Otras consideraciones sobre la Iglesia Católica

Gabilondo ha enumerado a lo largo de sus intervenciones otros reproches a la Iglesia Católica. Entre ellos, que su respuesta a los requerimientos de datos ha resultado “dispar” o que hay en el Derecho Canónico “muchas deficiencias en lo que se refiere a las víctimas, que no forman parte del proceso, salvo en la investigación”. 

En este campo sí ha valorado la Instrucción sobre abusos sexuales publicada en 2023 por la CEE que ha supuesto “un avance normativo, pero insuficiente” para las víctimas. También ha considerado como positivo el plan de reparación (PRIVA) elaborado por los obispos.

Del mismo modo, ha considerado que las medidas que está efectuando la Iglesia Católica en relación con la prevención de abusos sexuales y de poder “son muy positivas, muy especialmente en las órdenes religiosas”. En este sentido, ha subrayado un “comportamiento extraordinario de la CONFER” (Confederación de Entidades Religiosas).

Aún así, ha criticado que “ha habido más entusiasmo en medidas de prevención” que en las referidos a la “aclaración del pasado”. 

Gabilondo ha explicitado su valoración diferentes de lo realizado por los religiosos y las diócesis en este campo también al afirmar que “las órdenes que están cerca de los colegios, con los chicos, tienen una percepción de las cosas que no siempre, con todo respeto, coincide exactamente con la que tiene la CEE”.

En lo referente a la reparación económica de las víctimas, Gabilondo ha expresado además su convicción de que “si hay un plan de la Iglesia y si hay un plan del Gobierno, igual es bueno que hablen” al respecto.