El Vaticano dejó sin efecto, a partir de nuevas pruebas obtenidas en un “procedimiento extraordinario”, la pena de expulsión del estado clerical que dos tribunales interdiocesanos habían determinado para el P. Ariel Príncipi, acusado de delitos contra el sexto mandamiento, que incluyen los casos de abuso sexual de menores.

El P. Príncipi, incardinado en la Diócesis de Villa de la Concepción de Río Cuarto, había sido acusado en 2021 de abusos a menores de edad, y juzgado en primer lugar por el Tribunal Interdiocesano de Córdoba, que decidió expulsarlo del estado clerical, pena confirmada en 2024, tras una apelación, por el Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires.

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De acuerdo a un comunicado publicado por el Obispado de Villa de la Concepción de Río Cuarto a través de la agencia AICA, la Santa Sede realizó un “procedimiento extraordinario”, en base a pruebas recibidas en junio y julio de 2024, y determinó adoptar una serie de medidas definitivas, que dejan sin efecto la expulsión del estado clerical, pero limitan el ejercicio del ministerio sacerdotal del P. Príncipi.

Las medidas aplicadas en adelante son: “Siempre bajo la especial vigilancia del ordinario al que dicho sacerdote será confiado, de ahora en adelante no podrá: 1) Tener contacto con menores de edad; 2) Ejercer el ministerio pastoral en la Renovación Carismática Católica; 3) Ejercitar la plena cura pastoral de la Iglesia. Además, solamente podrá concelebrar o celebrar la santa misa en privado”.

Días antes de conocerse el comunicado firmado por el sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, Mons. Edgar Peña Parra, el Obispo de Villa de la Concepción de Río Cuarto, Mons. Adolfo Uriona, había detallado al periódico local Puntal que el caso del P. Príncipi “fue investigado por el Tribunal Canónico de Córdoba, el que tras confirmar los hechos denunciados decidió expulsarlo”.

“También el Tribunal Canónico de Buenos Aires confirmó dichos hechos y ratificó la expulsión”, explicó entonces, reconociendo que se encontraban a la espera de la notificación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

El Vicario General de la Diócesis de Río Cuarto, P. Juan Giordano, explicó a ACI Prensa que las declaraciones de Mons. Uriona a diario Puntal fueron “con información que él disponía hasta ese momento” y en respuesta a preguntas de la prensa, no a través de una comunicación oficial del obispado.

En ese momento, aclaró, “estábamos esperando la confirmación del Dicasterio, no nos había llegado formalmente, porque existía también alguna posibilidad de [que el sacerdote presentara] un recurso. Es así que el día 25 de septiembre, Mons. Uriona publica el comunicado que recibió el día previo, de la Secretaría de Estado de la Santa Sede”, relató, y se comunicó a través de AICA, “porque expresamente lo pide la Secretaría de Estado, que hiciera público este comunicado”.

“Lo que nosotros conocemos hasta este momento es lo que dice el comunicado. Obviamente que estamos tratando de tener más precisiones para ver cómo sigue, pero lo que conocemos es el comunicado”, detalló.

Si bien las razones de esta marcha atrás en la condena no están expresadas, “el comunicado dice que hubo ulteriores pruebas presentadas”, precisó el sacerdote.