Cardenal Parolin: Hay preocupación en el Vaticano por la libertad religiosa en Nicaragua

El Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, afirmó el sábado en la ONU que hay preocupación en la Santa Sede por las medidas adoptadas en Nicaragua que están afectando la libertad religiosa.

“La Santa Sede sigue con gran atención lo que está ocurriendo en Nicaragua y está especialmente preocupada por las medidas adoptadas contra el personal y las instituciones de la Iglesia, que afectan directamente a la cuestión, tan sensible, de la libertad religiosa”, manifestó el purpurado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por ello, señaló que “se espera que, junto a los demás derechos fundamentales de los individuos y de la sociedad, esta libertad quede protegida de manera adecuada”.

“Por su parte —afirmó—, la Santa Sede está abierta a un diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades del país, con vistas a resolver las dificultades y promover la paz, la fraternidad y la concordia para el beneficio de todos”.

Actualmente no hay una relación diplomática oficial entre el Vaticano y Nicaragua, pues el 17 de marzo de 2023 fue cerrada la Nunciatura Apostólica en Managua a pedido del régimen sandinista de Daniel Ortega.

La sede diplomática se había mantenido a cargo de Mons. Marcel Diouf, quien asumía la función de encargado de negocios luego de que en marzo de 2022 el gobierno nicaragüense había expulsado al Nuncio Apostólico, Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag.

Sin embargo, estas no han sido las únicas medidas del régimen contra la Iglesia Católica, pues desde que estalló la crisis en 2018 han sido expulsadas congregaciones religiosas, cerradas instituciones católicas y detenidos un gran número de sacerdotes.

Según la quinta edición del informe Nicaragua, ¿una iglesia perseguida?, de la investigadora y abogada Martha Patricia Molina, hasta julio de 2024 han sido expulsados 143 sacerdotes, lo que representa casi la cuarta parte del clero nicaragüense.

Varios obispos también han tenido que dejar el país o han sido desterrados. El caso más conocido es el de Mons. Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí.

El prelado fue condenado en febrero de 2023 a 26 años de prisión y despojado de su nacionalidad nicaragüense. El régimen lo acusó de ser “traidor a la patria”.

El 14 de enero de 2024 los medios locales informaron que Mons. Rolando Álvarez había sido deportado al Vaticano, junto con 15 sacerdotes y 2 seminaristas, y el Obispo de Siuna, Mons. Isidoro Mora.