La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en el estado mexicano de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, ha lanzado un nuevo proyecto educativo destinado a menores migrantes y desplazados que residen en albergues gestionados por la Iglesia Católica.
La Hna. Gloria Estela Murúa Valencia, coordinadora diocesana de Pastoral Social y Movilidad Humana de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, explicó que a partir del acompañamiento brindado a los migrantes se dieron cuenta de la “importancia de tender a la educación formal para las personas en movilidad”.
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En entrevista con ACI Prensa, la religiosa explicó que para hacer frente a este desafío surgió el Programa de Educación Migrante en el Estado de Chiapas (PEMCH). Este proyecto nació a partir de un convenio firmado el pasado 2 de mayo, con el objetivo de implementar educación formal en el Servicio Pastoral a Migrantes San Martín de Porres (SEPAMI), una casa de acogida operada por la diócesis.
La Hna. Murúa Valencia indicó que el PEMCH proporciona un profesional en educación para atender y dar seguimiento escolar a niños y adolescentes migrantes, basado en el plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Emite constancias y calificaciones válidas en todo México sin importar el estatus migratorio.
Además de la educación, se ofrece atención psicoterapéutica y actividades extracurriculares, como clases de canto.
Educación para quienes han perdido todo
La Hna. Murúa Valencia indicó que una de las razones para implementar este programa es que, debido a la “salida abrupta” de sus hogares y países de origen por la violencia, muchos migrantes y refugiados no llevan consigo los documentos “que comprueben los estudios realizados” en su país de destino.
Las diferencias lingüísticas, así como los contenidos históricos y culturales entre los países de origen y México también “implica para ellas y ellos nuevos aprendizajes”.
Por otro lado, indicó que los niños desplazados en el mismo estado de Chiapas también han sufrido las consecuencias de esta violencia.
La Hna. Murúa Valencia destacó que desde hace dos años “se ha agravado la violencia a causa de grupos armados y de la disputa territorial entre cárteles del narcotráfico en diversas regiones de Chiapas”, lo que ha llevado a la huida de maestros, al cierre de escuelas, al desalojo de comunidades y al desplazamiento forzado de familias enteras.
Los menores del estado “han enfrentado un alto riesgo al encontrarse las escuelas en medio de enfrentamientos y sin acceso a la educación durante períodos prolongados”, lamentó.
La religiosa señaló que el programa busca dialogar con las autoridades para que se garantice el acceso a los centros educativos cercanos a los barrios y colonias donde se encuentran las familias desplazadas, brindando así una oportunidad educativa a quienes se encuentran en situaciones de alto riesgo.
Anhelo de seguir aprendiendo
Los niños y adolescentes “enfrentan un rezago educativo debido al abandono de la escuela para emprender el viaje y las dificultades propias de la migración que les impide tener acceso a la normalidad de los centros de estudio”, señaló.
A pesar de esta situación, destacó que muchas personas expresan un deseo “de aprender, continuar y terminar su escolaridad”, por lo que suelen aprovechar “cualquier oportunidad durante su estancia en los albergues y casas del migrante para seguir aprendiendo y compartiendo sus saberes con otros niños”.
El 17 de julio, 28 menores migrantes y refugiados de varios países recibieron constancias oficiales, y dos niñas completaron su educación primaria. “Estos logros fueron posibles gracias a la labor de los maestros, voluntarios y el apoyo de las familias”, resaltó la religiosa.