El Vaticano está cooperando con los fiscales italianos en una investigación sobre la filtración de información financiera relacionada con el importante juicio financiero del Vaticano que finalizó el año pasado.
Los medios italianos informan que dos hombres están siendo investigados por haber obtenido acceso no autorizado cientos de veces a una base de datos de actividad financiera sospechosa compartida con Italia por bancos, que incluye información potencialmente comprometedora sobre políticos italianos y acusados en el juicio del Vaticano.
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La base de datos es utilizada por fiscales y jueces antimafia en casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Una breve nota a los periodistas de la Oficina de Prensa de la Santa Sede dijo el martes que el fiscal del Vaticano, Alessandro Diddi, y el comandante de los gendarmes del Vaticano, Gianluca Gauzzi, se reunieron el 17 de septiembre con el fiscal y el fiscal adjunto de Perugia (Italia).
El fiscal de Perugia tiene jurisdicción sobre la investigación de los delitos cometidos por los magistrados y fiscales en Roma.
Durante la reunión, las dos oficinas judiciales acordaron colaborar en una investigación en curso sobre el “acceso no autorizado a un sistema informático o telemático”, un delito en la legislación italiana, para la recopilación clandestina de información sobre personas. En el lenguaje común italiano, la acción a menudo se llama "dossieraggio".
No se ha informado públicamente con qué propósito se recopiló la información y si se hizo en nombre de alguien.
El fiscal de Perugia ha acusado a un teniente de la policía financiera italiana, Pasquale Striano, que trabajaba en la Oficina Nacional Antimafia y Antiterrorista, así como a uno de los fiscales de dicha oficina, Antonio Laudati, por haber accedido supuestamente a información no pública sobre posiblemente hasta 172 políticos y otras personalidades de los medios de comunicación italianos.
Striano también está acusado de ser la fuente de los informes publicados por dos periodistas del diario italiano Domani, que también están siendo investigados por presuntamente reportar información protegida, informó el diario italiano Il Giornale.
Striano y Laudati han negado públicamente las acusaciones.
Según la nota de la oficina de prensa, el fiscal del Vaticano, Diddi, también ha abierto su propio caso sobre los “presuntos accesos ilegales [a la información] realizados durante el curso de las investigaciones en la conocida investigación sobre la compra del edificio de Londres”.
Il Giornale también informó el pasado mes de marzo sobre las acusaciones de que en 2019, una persona desconocida, posiblemente alguien dentro del Vaticano, habría pedido a Striano que obtuviera información sobre al menos cinco personas, todas ellas acusadas y condenadas posteriormente en el importante juicio financiero del Vaticano que concluyó en diciembre de 2023: el Cardenal Angelo Becciu, Cecilia Marogna, Raffaele Mincione, Fabrizio Tirabasi y Gianluigi Torzi.
En 2019, la fiscalía del Vaticano se encontraba en las primeras etapas de la investigación sobre la inversión de la Secretaría de Estado en Londres, armando su caso contra las 10 personas acusadas posteriormente de delitos como fraude financiero.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.