El Arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha rechazado el plan del Gobierno de España para eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, mientras se protegen otros.
En un mensaje publicado en la red social X, Mons. Argüello ha reflexionado sobre la decisión del Ejecutivo de eliminar la protección legal de la que gozan los sentimientos religiosos en el Código Penal.
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“Los sentimientos han sido elevados a categoría jurídica, por ejemplo, para poder cambiar de sexo; cada vez más expresiones son consideradas delitos de odio. En este ambiente de elogio legal de las emociones, los sentimientos religiosos dejan de ser un bien jurídico protegido”, explica el arzobispo.
La desprotección legal de los sentimientos religiosos se incluye en el llamado Plan de Acción por la Democracia que acaba de aprobar el Consejo de Ministros para su tramitación parlamentaria y que fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez el pasado mes de julio.
Entre las 31 medidas contempladas está la eliminación del delito contra los sentimientos religiosos tipificado en el artículo 525 del Código Penal y que establece lo siguiente:
“1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.
2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna”.
La eliminación de este precepto legal afectaría a numerosos procesos judiciales impulsados de manera principal por algunas entidades civiles, como la Fundación Española de Abogados Cristianos, ante actuaciones blasfemas e irreverentes.
Estas situaciones son casi siempre alusivas a la Iglesia Católica, sus devociones y dogmas y suelen escudarse en la creatividad artística.
Cuando se conocieron las intenciones del Ejecutivo de acabar con la protección legal de los sentimientos religiosos, Abogados Cristianos emitió un comunicado en el que subrayaba que la medida constituye “un ataque directo a las libertades de los creyentes”.
“Todo lo que sea ofender, vejar o insinuar algo de determinados colectivos es perseguido como delito de odio, sin embargo, contra los católicos parece que todo está permitido”, añadieron.
También el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha denunciado en reiteradas ocasiones los ataques a las diferentes confesiones y, en relación a esta medida, consideró en un comunicado que “con este Gobierno, los creyentes son ciudadanos de segunda con menos derechos”.