El presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, aseguró que la propuesta socialista de agilizar en España los procesos de divorcio al no requerir previa separación, supone un auténtico retroceso en la políticas de ayuda a superar las crisis matrimoniales ya que es una medida que potenciará la ruptura matrimonial en vez de disminuirla.
Las conclusiones a las que llega un análisis realizado por el IPF en base a datos del Consejo General del Poder Judicial, son:
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
1. Continúa la explosión de ruptura matrimonial a nivel nacional: 1 ruptura cada 4,1 minutos (126.742 rupturas) que supone un incremento del 10 por ciento con respecto al 2002.
2. Cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia) tienen más del 60 por ciento de las rupturas siendo Cataluña la comunidad con más rupturas (1 de cada 5).
3. Los matrimonios ante la crisis optan por la separación antes que el divorcio.
4. Los matrimonios en crisis optan por una ruptura lo más pacífica posible, siendo las separaciones más pacíficas que los divorcios.
5. Para una posible reconciliación: Entre el 20 y el 25 por ciento de las separaciones se reconcilian. Esto supone que cada año aproximadamente unos 15 mil matrimonios vuelven a reconciliarse. Y es entre 5 y un 10 por ciento los matrimonios que deciden seguir separados pero sin dar el paso de una ruptura definitiva con el divorcio
Prosigue Hertfelder evidenciando el fracaso de las administraciones. Según el presidente del IPF el problema es aún mayor cuando se constata que las administraciones no tienen voluntad política de abordar esta problemática. “En vez de implementar medidas que ayuden a reducir la ruptura matrimonial lo que se proponen son políticas de incremento de dicha ruptura. Es un auténtico retroceso social”, señaló.
Como en anterior oportunidad, el IPF propuso soluciones como las de “ser conscientes de la magnitud del problema” y que ésta “no es la ni la única ni la mejor opción ante la crisis matrimonial”; “tener voluntad política de solucionar y/o reducir el problema”; “desarrollar políticas públicas activas, con perspectiva de familia y preventivas”; y, por último, implementar “organismos públicos y/o privados (Centros de Orientación y Terapia familiar) compuesto por especialistas en distintas áreas que ayuden a los matrimonios a superar las crisis”.