Obispos, sacerdotes y fieles de las diócesis de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez marcharon el viernes 13 de septiembre para exigir el fin de la violencia en el estado mexicano de Chiapas, con esta consigna dirigida a las autoridades: “¡Detengan este sistema de muerte!”.
En un comunicado emitido por la Provincia Eclesiástica de Chiapas, a la que pertenecen las tres jurisdicciones mencionadas,la Iglesia Católica explicó que la manifestación tenía como objetivo “dar visibilidad a las víctimas” de la violencia, quienes muchas veces “son silenciadas, minimizadas e ignoradas por aquellos que tienen el poder de actuar para impedir estos sufrimientos”.
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El texto recordó que este llamado no es nuevo. Desde finales de 2023 ha señalado un aumento en la violencia causada por los cárteles que se disputan el territorio en la frontera con Guatemala, lo que ha generado “constantes enfrentamientos y la gente vive aterrorizada”.
El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, ambos pertenecientes al partido político MORENA, han sido objeto de fuertes críticas por no haber logrado contener la violencia.
Según el informe “MX: La Guerra en Números” de T-ResearchMX, desde diciembre de 2018 hasta la fecha, se han registrado 197.563 homicidios en México, con 3.515 en Chiapas.
En su comunicado, la Iglesia Católica en Chiapas denunció que, además de los “asesinatos y desapariciones forzadas en las comunidades”, se ha generado una situación en la que las “personas son utilizadas como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles; viven en condiciones de esclavitud al no poder transitar libremente por sus comunidades y carecen de alimentos y servicios básicos”.
Durante la marcha, los participantes expresaron su indignación y solidaridad con las víctimas, y pidieron a las autoridades que actúen con urgencia.
En su mensaje, la Iglesia Católica advirtió que, si no se recupera la paz “¡la historia los juzgará [a los gobernantes] por su indolencia, por la incapacidad para proteger la vida de los inocentes! ¡Estarán en la memoria de los pueblos pobres como parte de sus verdugos!”.
Las demandas a las autoridades incluyeron “la desarticulación y el desarme inmediato de los grupos criminales,” el establecimiento del orden social sin poner en riesgo a la sociedad civil, y la recuperación del territorio para que las familias de la región “estén en su propia tierra, la trabajen con normalidad y vivan con seguridad, paz y tranquilidad”.
La Iglesia Católica en Chiapas ha declarado que continuará con “acciones de denuncia contra la cultura de muerte” y seguirá anunciando la esperanza del Jesús.
Por su parte, el presidente López Obrador, en una conferencia de prensa el 26 de julio, la última vez que habló del tema públicamente, reconoció la existencia de los enfrentamientos entre grupos criminales en Chiapas.
Sin embargo rechazó que sean un indicio de un fracaso en su estrategia de seguridad, atribuyéndolos a “circunstancias”, sin precisar cuáles, en un país con más de 130 millones de habitantes.