Por Julieta Villar
La Conferencia Episcopal de Chile se pronunció ante los graves hechos de corrupción que han tomado especial relevancia en el último tiempo en el país, con referentes del sector público y privado involucrados en delitos de lavado de activos, soborno a funcionarios públicos y fraude tributario.
Conocida como “Caso Audios” o “Caso Hermosilla” —por el apellido del que sería el principal involucrado, el abogado penalista Luis Hermosilla—, la investigación ha revelado un entramado de corrupción y tráfico de influencias que compromete a altas figuras políticas y del mundo empresarial chileno.
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El escándalo se destapó cuando salieron a la luz audios en los que presuntamente el abogado Hermosilla estaría discutiendo un plan para sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y manipular el sistema judicial.
El escándalo reveló una red de influencias que afectaría a varios sectores del poder económico y político del país, generando un gran revuelo. Entre los involucrados hay profesionales del derecho, empresarios y funcionarios públicos.
Lo sucedido ha generado un clima de desconfianza en la sociedad y una fuerte demanda de mecanismos que garanticen la transparencia.
En el marco de la investigación, en los últimos días, la Corte Suprema de Chile resolvió este lunes suspender temporalmente de sus funciones a la magistrada Ángela Vivanco.
La palabra de los obispos de Chile ante el escándalo
Los obispos de Chile se refirieron al tema como “el mal extendido de la corrupción”, y en ese marco enumeran el “tráfico de influencias, fraudes, mal uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos y delitos económicos” que se vienen conociendo en los últimos años, y que “son motivo de honda preocupación para la inmensa mayoría del país”.
Si bien los sucesos involucran a personas de distintos ámbitos, “resultan especialmente graves cuando se refieren a autoridades públicas y a organismos del Estado”, advierten, “que por su naturaleza están al servicio del bien común, especialmente de las personas vulnerables”.
En ese sentido, afirman que “los pobres son los grandes perjudicados con estas conductas y ello debe ser motivo de una fuerte condena social” porque constituye “una crisis ética de proporciones”.
Por eso, exigen “celeridad, objetividad y transparencia” por parte de los órganos designados para juzgar lo sucedido.
En segundo lugar, advirtieron que estos sucesos “vulneran muy gravemente la justicia social”, y aumentan la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, provocando “un desprestigio de la vida política, social y económica” y destruyendo los vínculos de solidaridad entre las personas, poniendo al egoísmo como “regla esencial del actuar humano”.
En especial, el Episcopado alertó sobre la afectación del Poder Judicial en hechos de corrupción, poder que está llamado “a dirimir las controversias”.
Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.
