La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobierno de Daniel Ortega, aprobó una reforma del Código Penal para castigar a quienes cometan delitos desde el extranjero, una medida para mantener a los nicaragüenses en la diáspora “calladitos, en silencio, sin opinar nada”, como señala el exministro de educación, en el exilio, Humberto Belli.
Según informa AP, el 3 de septiembre la asamblea aprobó, de forma casi unánime con 88 votos, la reforma que permite enjuiciar y confiscar los bienes de personas u organismos nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos contra el Estado, incluso si están fuera del país.
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Las penas pueden ir desde seis meses a 30 años de cárcel, e incluso la cadena perpetua si el delito es considerado grave.
Estas normas buscan castigar a quien, en Nicaragua o fuera del país, “promueva, solicite o gestione sanciones o bloqueos económicos, comerciales y financieros” contra el Estado, sus negocios o sus funcionarios.
Ese mismo martes 3, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre “el grave deterioro” de las libertades fundamentales en Nicaragua, donde la dictadura continúa “persiguiendo no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”.
“Calladitos, en silencio, sin opinar nada”
Para Humberto Belli, exministro de educación en el gobierno de Violeta Chamorro y exmiembro del Frente Sandinista —el partido de gobierno— esta reforma significa que “si un nicaragüense (…) en el exterior, participa en algún programa o dice alguna opinión y, por cualquier razón, el gobierno lo considera que es enemigo suyo, lo pueden acusar en los tribunales de Nicaragua, sin derecho a la defensa, de conspirar contra la paz, contra el orden establecido”.
“Y entonces le confiscan todo lo que esta persona pueda tener en Nicaragua: su pensión de vejez, su seguro social o cualquier propiedad que tenga”, denunció.
“Es una espada de Damocles [n.d.r. peligro constante] encima de todos los nicaragüenses en el exterior, para que se mantengan muy calladitos, en silencio, sin opinar nada”, indicó en entrevista concedida a EWTN Noticias desde Miami, donde vive exiliado.
Tras precisar que “en Nicaragua no existe separación de poderes y el sistema judicial acusa sin necesidad de prueba alguna y sin derecho a la apelación”, el exministro nicaragüense denunció que el régimen de Danie Ortega y Rosario Murillo no sólo “están castigando a personas que directamente se han visto involucradas, como en mi caso, con alguna actividad política y de opinión, sino que están castigando a los familiares”.
Quieren acabar “con la predicación del Evangelio” en Nicaragua
Al ser preguntado sobre la persecución de la dictadura contra la Iglesia Católica, Belli comentó a EWTN Noticias que “hay una voluntad, no solamente de silenciarla políticamente sino de acabar realmente con la influencia religiosa y con la predicación del Evangelio en el país”.
“De otra forma no se explica por qué unas de las primeras sancionadas fueron las monjitas Misioneras de la Caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, que eran totalmente apolíticas, o por qué cerraron Radio María, una emisora que jamás se metió en política sino que [sólo] predicaba el Evangelio”, agregó.
El 6 de julio de 2022 se ejecutó la expulsión de Nicaragua de 18 Misioneras de la Caridad, quienes fueron enviadas a Costa Rica, una medida aprobada por la Asamblea Nacional con carácter de “urgente”, mientras que Radio María Nicaragua fue cerrada el 9 de julio de 2024, luego que en abril sus cuentas bancarias, donde recibían donaciones, fueran bloqueadas.
Belli recordó además que la dictadura ha cerrado “también miles de ONGs protestantes y católicas, es una ofensiva (…) una animadversión contra la religión católica y contra el cristianismo en general”.
El 19 de agosto la dictadura de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de 1.500 ONGs, entre las cuales había 678 entre católicas y evangélicas, como el fondo para sacerdotes jubilados.
El jueves 5 de septiembre, la Casa Blanca informó que 135 presos políticos fueron excarcelados y enviados a Guatemala, entre ellos 13 miembros de la iglesia cristiana Puerta de la Montaña y varios laicos católicos.
El pasado 15 de agosto, Martha Patricia Molina, abogada e investigadora, presentó la quinta entrega de su informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida? que da cuenta de 870 ataques de la dictadura contra la Iglesia Católica, desde 2018 hasta julio de 2024.
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.
