La Iglesia Católica advirtió que la iniciativa de reforma constitucional que afecta al Poder Judicial en México, aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado para su análisis y votación, no garantiza “una mejor y más cualificada impartición de justicia; más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial”.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el órgano legislativo federal de México, aprobó el 4 de septiembre una iniciativa de reforma constitucional que afecta al Poder Judicial.
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La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea, entre otros puntos, reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —el máximo órgano del Poder Judicial en México— de 11 a 9, acortar su mandato, eliminar las pensiones vitalicias y permitir la elección popular de jueces y magistrados.
Además propone “resguardar la identidad de las personas juzgadoras”, con lo que se introduciría la figura de lo que comúnmente se llama “jueces sin rostro”, para casos relacionados con delincuencia organizada.
La iniciativa será revisada por el Senado, donde se espera que el 10 de septiembre se realice la primera lectura del proyecto, y un día después se someta a discusión y votación.
En este contexto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado este 5 de septiembre, en el que los obispos manifiestan “preocupación”.
Los obispos mexicanos advirtieron que la propuesta de reforma “no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia; más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Por tal motivo, la CEM hizo un llamado a los legisladores a que escuchen “el punto de vista de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a los jueces, magistrados, ministros y ministras” en el debate de la reforma.
Asimismo, alentó a los senadores a reunirse y escuchar las diferentes voces que advierten que, “además de politizar y debilitar la impartición de justicia en México”, la reforma constitucional “no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que la ciudadanía requiere urgentemente combatir”.
Los obispos mexicanos confiaron en que los senadores se den el tiempo suficiente para “reflexionar con profundidad, analizar con prudencia y reconstruir el diálogo” con todos los sectores de la sociedad, “más allá de partidismos innecesarios, contemplando el bien de la Nación”.