Por Tyler Arnold
“Primero fue una especie de shock: no nos dimos cuenta de lo odiados que éramos, y al entrar allí, de lo despreciados que estábamos”, dijo por teléfono Marie Leatherby a CNA —agencia de noticias en inglés de EWTN—, que ha dirigido un centro de embarazo provida en la capital de California (Estados Unidos) durante los últimos 13 años.
Leatherby, directora ejecutiva del Sacramento Life Center, se encontró en medio de una batalla legislativa y legal sobre los derechos de libertad de expresión de los centros de embarazo provida, durante el mandato de la vicepresidenta Kamala Harris como fiscal general de California.
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Desde 2015 hasta mediados de 2018, Leatherby y otras personas que dirigían centros de ayuda para embarazadas lucharon contra una ley estatal que obligaba a esos establecimientos a exhibir avisos que incluyeran información sobre dónde podían las mujeres someterse a un aborto.
“Iba en contra de todo lo que somos, de nuestra razón de ser”, afirmó Leatherby. “Iba en contra de nuestra conciencia”.
La Ley Reproductive FACT, de la que Harris fue una “orgullosa” copatrocinadora y la principal ejecutora, obligaba a los centros de embarazo provida, autorizados por el estado, a mostrar avisos sobre los programas públicos de California, incluyendo “aborto para mujeres elegibles”.
Exigía además que proporcionaran un número de teléfono de la oficina local de servicios sociales del condado para que las mujeres pudieran determinar si cumplían los requisitos para acogerse a los programas gubernamentales, como el aborto subvencionado.
Los centros de embarazo provida proporcionan cientos de millones de dólares en servicios y recursos gratuitos a las mujeres embarazadas y a las madres de niños pequeños.
A menudo operan cerca de clínicas abortistas para ofrecer a las mujeres alternativas al aborto y ayudarlas a continuar con su embarazo. Esto incluye servicios gratuitos durante el embarazo, como ecografías y asesoramiento, así como pañales y leche para bebés.
El Sacramento Life Center y más de otros 70 centros de ayuda para embarazadas, que ofrecían exclusivamente atención a mujeres que afirman la vida, se vieron afectados por la ley que obliga a hacer publicidad del aborto.
Aunque los centros de embarazo provida se unieron para hacer frente a la norma, los legisladores aprobaron el proyecto de ley en 2015 con un fuerte apoyo entre los demócratas que fueron respaldados por organizaciones pro-aborto, que a menudo se burlaban de los servicios prestados por los centros de embarazo.
Cuando la ley entró en vigor el 1 de enero de 2016, los centros de embarazo se vieron obligados a exhibir avisos o enfrentarse a multas: 500 dólares por la primera infracción y 1.000 por todas las infracciones posteriores.
Leatherby dijo que el Sacramento Life Center se negó a proporcionar los avisos al principio, pero después de que otras clínicas comenzaron a recibir multas en Los Ángeles, dijo que su centro de embarazo cumplió con la ley.
“Se hizo cumplir y la gente vino a nuestra clínica para asegurarse de que poníamos [los avisos] o nos consideraban en los periódicos como infractores de la ley”, dijo Leatherby.
El Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida (NIFLA, por sus siglas en inglés) —que representa a numerosos centros de embarazo provida en California y a nivel nacional— demandó a la oficina de Harris alegando que la ley violaba la Primera Enmienda al obligar a hablar. NIFLA estuvo representada por Alliance Defending Freedom (ADF).
La Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente ordenó a California detener su aplicación de la ley en junio de 2018, aproximadamente un año y medio después de que Harris dejara el cargo para servir como senadora.
La ley fue defendida inicialmente en los tribunales por la oficina de Harris y posteriormente por su sucesor, el fiscal general Xavier Becerra.
“La ley fue diseñada para apuntar a los centros de embarazo y coaccionarlos para que publiciten el aborto”, expresó a CNA el asesor principal de ADF, Kevin Theriot, uno de los abogados que representó a los centros de embarazo ante la Corte Suprema.
“Estaba claramente motivada políticamente para perjudicar a los centros de embarazo porque no se pliegan a su agenda abortista radical”, añadió Theriot.
Cinco de los jueces de la Corte Suprema estuvieron de acuerdo, dictando una sentencia de 5 votos contra 4, que ordenaba a California dejar de aplicar la ley basándose en violaciones de la Primera Enmienda, al considerar que la ley obligaba a los centros de embarazo a proporcionar un “guión elaborado por el gobierno” que les obligaba “a pronunciar un mensaje concreto” sobre el aborto.
“Al exigir [a los centros de embarazo provida] que informen a las mujeres de cómo pueden obtener abortos subvencionados por el Estado –al mismo tiempo que [intentan] disuadirlas de elegir esa opción—, la notificación autorizada altera claramente el contenido de [su] discurso”, escribió el juez Clarence Thomas en la opinión mayoritaria de la Corte.
Theriot dijo que el intento de obligar a los centros de embarazo a anunciar el aborto era “utilizar la ley y el gobierno contra alguien que no te gusta por sus convicciones religiosas y sus opiniones provida”.
Y añadió que atacar específicamente el discurso de los centros de embarazo provida “era algo único cuando se promulgó en California” y fue promovido y aplicado por Harris.
“Ese fue el comienzo de una gran discriminación contra los centros de ayuda para embarazadas provida”, dijo Theriot.
Siguiendo los pasos de Harris, otros estados han intentado restringir de otras formas los derechos de libertad de expresión de los centros de ayuda para embarazadas provida.
Por ejemplo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra los centros de atención a embarazadas acusándoles de utilizar un discurso “falso y engañoso”, y una ley de Illinois intentó restringir el discurso que los centros de atención a embarazadas provida utilizan en sus anuncios. Ambos intentos fueron frenados por los jueces.
“Desde entonces, otros estados han intentado atacar a los centros de embarazo y censurar su discurso con regularidad”, dijo Theriot.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Tyler Arnold es reportero del National Catholic Register. Anteriormente trabajó en The Center Square y ha publicado en diversos medios, incluidos The Associated Press, National Review, The American Conservative y The Federalist.
