La Iglesia Católica en Uruguay recibirá información sobre desaparecidos de la dictadura

La Iglesia Católica en Uruguay reafirmó su compromiso de continuar colaborando para esclarecer el paradero de los desaparecidos durante la dictadura militar y sanar lo que considera "una herida que sigue abierta en el corazón de nuestro pueblo".

Los obispos de la Conferencia Episcopal del Uruguay se pusieron a disposición de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad como canal de recepción de información sobre personas detenidas y desaparecidas.

A través de obispos y sacerdotes, la Iglesia Católica recibirá a aquellas personas que deseen brindar información acerca de los desaparecidos de la dictadura militar, guardando la confidencialidad de los informantes.

El encuentro se produjo tras conocerse el hallazgo de restos óseos humanos en un predio militar de Uruguay, donde previamente fueron encontrados los de tres desaparecidos de la dictadura. Ahora, serán estudiados para corroborar si se trata de otra persona desaparecida en esa época, según indica el diario La Nación.

Desde el organismo de Derechos Humanos y la Fiscalía, consideran que hay personas que “pueden haber sido testigos tangenciales de enterramientos”  y podrían facilitar información al respecto. Sin embargo, admitieron que muchas personas tienen temor de hablar, por lo que esta colaboración de la Iglesia Católica resulta importante.

En conferencia de prensa, el Arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, aseguró que este tipo de hallazgos, que toman visibilidad a través de los medios, “reaviva una sensibilidad que hace que haya personas que digan: ‘Yo no me puedo ir a la tumba con esto, y me acerco y quiero hablar’”.

El arzobispo señaló que en el pasado “la Iglesia ha trabajado mucho en este sentido”.

“Hubo datos que llegaban a las parroquias, que llegaban a mí, y yo los entregaba directamente a los familiares de desaparecidos a través de un familiar”, recordó. 

“Ahora, a partir de esta instancia de diálogo, resurgió la posibilidad de que las parroquias reciban algún dato de gente que quiera aportar y que, a través de los obispos, llegue a familiares o a la Comisión de Derechos Humanos”, precisó.

Sobre el funcionamiento de este servicio, el purpurado explicó: “en muchos casos, la persona va y habla con el sacerdote, no quiere decir que sea confesión”, y subrayó que se trata de “una cuestión anónima”. En otros casos, señaló, como ya ocurrió en el pasado, “personas que dejaban alguna carta, incluso yo recuerdo alguna con algún dibujo, que indicaba algún lugar”.

“Yo creo que todavía hay temor en muchas personas”, reconoció. Por eso remarcó que tanto desde la Iglesia Católica como desde la Comisión de Derechos Humanos se mantendrá la confidencialidad.

Quien desee aportar información, detalló el cardenal, “se puede acercar a cualquier parroquia” o dejar un sobre que contenga la información que considere.

La dictadura cívico-militar en Uruguay

Hacia 1973, la crisis del sistema político en Uruguay, marcado por la lucha armada, llevó a declarar el "estado de guerra", y las movilizaciones sociales tuvieron como respuesta un avance autoritario, favorecido por un recurso constitucional llamado MPS (Medidas Prontas de Seguridad). 

El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry, miembro del Partido Colorado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento y creó un Consejo de Estado, iniciando así doce años de dictadura cívico-militar.

El período estuvo marcado por la persecución política, el secuestro, la tortura, la desaparición forzada de personas y su traslado clandestino a través de las fronteras.

La institucionalidad democrática fue reinstalada el 1 de marzo de 1985.