La justicia ratifica, a petición de un padre, la suspensión de la ejecución de la eutanasia a una joven de 23 años que estaba prevista para el pasado 2 de agosto al lograr demostrar que sus trastornos mentales no le permiten tomar una decisión libre.
En un auto fechado el pasado 9 de agosto, la jueza del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona número 12 ha decidido mantener la suspensión adoptada de forma cautelar después de oír a las partes implicadas en una vista celebrada el pasado 7 de agosto.
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En su decisión, la jueza expone que no considera “que concurra un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que como nos describe la Ley es la situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable”.
Además, también referencia a un vídeo en el que se puede ver a la la joven caminando con muletas, de lo que deduce que “la lesión medular que refieren los informes en cuanto que es irreversible su situación funcional genera dudas”. Por otro lado, añade respecto de su situación psiquiátrica, que no entiende que sea “irreversible”, ya que sigue tratamiento.
La representación letrada del padre de la joven, a cargo de la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha defendido que la joven “padece trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo”.
Estas afecciones de índole psiquiátrica impedirían a la joven, que ya se intentó suicidar en el pasado, tomar una decisión sobre la eutanasia de forma libre, consciente e informada como establece la ley.
Además, han aducido que la joven había cambiado de opinión sobre la aplicación de la eutanasia días antes de la fecha prevista a inicios del mes de agosto.
Contra la decisión de la jueza cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de 15 días, que será interpuesto por la administración sanitaria regional que durante el proceso se ha mostrado firme partidaria de la aplicación inmediata de la eutanasia.
Cataluña es la comunidad autónoma española donde más eutanasias se ejecutan desde que entró en vigor la ley.
En el año 2022, registró 175 solicitudes (el 30% del total nacional) de las cuales se hicieron efectivas 91 (el 43% de las realizadas en España). En el año 2023, recibió 219 peticiones y ejecutó hasta el final 94 eutanasias.
La mayoría de las personas que solicitan la eutanasia en Cataluña son mayores de 73 años, siendo algo más las mujeres que los hombres.