El Papa Francisco recibe a la nieta de una víctima de la dictadura en Argentina

El Papa Francisco recibió el miércoles 8 de agosto, en su residencia en la Casa Santa Marta en el Vaticano, a Anita Fernández, nieta de Esther Balestrino de Careaga, asesinada en los denominados “vuelos de la muerte” de la última dictadura militar en Argentina. En ese marco, el Santo Padre envió un mensaje instando a conservar la memoria.

En el encuentro la mujer le pidió al Pontífice un mensaje para su mamá, Ana María Careaga, quien también estuvo secuestrada durante la dictadura, cuando estaba embarazada de ella.

“No aflojen, conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas sino de los testimonios, ése es el mensaje que les doy en este día”, expresa Francisco en un video.

El mensaje del Papa llega a pocos días de que se hiciera pública la foto de una visita que algunos legisladores del bloque La Libertad Avanza hicieron a militares encarcelados por los crímenes de la dictadura, entre ellos Alfredo Astiz.

Fue Astiz quien en 1977, haciéndose pasar por familiar de un desaparecido, se infiltró en el grupo que se convocaba en la Parroquia la Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires, donde luego fueron secuestradas doce personas, entre ellas Esther Balestrino de Careaga, una de las víctimas de los “vuelos de la muerte”, un método utilizado para deshacerse de los cuerpos de los detenidos, a quienes les aplicaban sedantes y los subían a bordo de aviones, para luego arrojarlos al mar, explica el Banco de Vocabularios Jurídicos de Argentina.

Balestrino tuvo un vínculo muy cercano con el actual Pontífice: fue su jefa en el laboratorio donde trabajaba antes de decidir su futuro como sacerdote. 

Así lo cuenta el propio Francisco en una entrevista con Sergio Rubin para el libro biográfico El Jesuita: “Allí tuve una jefa extraordinaria, Esther Balestrino de Careaga, una paraguaya simpatizante del comunismo que años después, durante la última dictadura, sufrió el secuestro de una hija y un yerno, y luego fue raptada junto con las desaparecidas monjas francesas: Alice Domon y Léonie Duquet, y asesinada. Actualmente, está enterrada en la iglesia de la Santa Cruz. La quería mucho”.

Algunos medios se hicieron eco del mensaje del Papa y su exhortación a conservar la memoria, como una posible respuesta a la visita de los funcionarios a los exmilitares en la Cárcel de Ezeiza, e incluso los rumores sobre un proyecto de ley que busca su excarcelación. 

Consultado por ACI Prensa sobre el posible nexo entre ambos sucesos, uno de los coautores de la mencionada biografía, Sergio Rubín, expresó: “No tengo información, más de la que ha salido en todos lados, pero pienso que una entrevista con el Papa no se arregla de un día para el otro, sino que se prepara con cierta anticipación. Hay que ir a Roma, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que el encuentro [del Papa con los familiares de Balestrino] fue pactado con anterioridad a esa visita [de los legisladores a la cárcel]”.

Sin embargo, aclaró: “Una cosa no quita la otra. Por supuesto que al Papa siempre le ha preocupado la violencia, de donde sea que provenga. Y en el caso de la dictadura, ha manifestado claramente su preocupación”. 

“Muchas veces ha ayudado a mucha gente, perseguida en aquel momento, a salir del país. Hay muchas historias. Y, con Esther Balestrino de Carreaga él tenía una relación muy afectuosa. Hablaba mucho con ella, le escondió los libros, creo que le ayudó también a buscar a su hija, etcétera”, enumeró en referencia a los años de la dictadura militar, cuando el P. Bergoglio se desempeñaba como superior provincial de los Jesuitas.

“Es decir, una cosa es la solidaridad y la cercanía de él con esta nieta, y el repudio a todo lo que pasó. Y otra cosa es establecer una línea directa, una conexión automática con la visita de los legisladores a este penal”, sintetizó. 

“Yo en principio no le encuentro una relación, que después esto adquiera un marco, ya queda sujeto a las interpretaciones. Pero no establezco ninguna relación automática entre una cosa y la otra”, concluyó Rubín.

La última dictadura militar en Argentina tuvo lugar entre 1976-1983, período en el que, a partir de un golpe de Estado, ocupó el poder un gobierno de facto encabezado por una junta militar integrada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas.

Dicha etapa se caracterizó por la violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, así como la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. 

Los organismos locales de derechos humanos reclaman históricamente “memoria, verdad y justicia” por 30.000 desaparecidos, aunque la cifra es incierta por tratarse de secuestros, detenciones y crímenes perpetrados en la clandestinidad. 

Documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University dan cuenta de que, entre 1975 y 1978 —cinco años antes del retorno de la democracia— los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas, según recoge un artículo de La Nación.

El mismo artículo señala que el debate al respecto no está resuelto, y la cifra de víctimas va de las 8.000 a 30.000, “según quién haga la cuenta”.