La Iglesia Católica insiste en la prevención en lugar de bajar la edad a la que los menores pueden ir a la cárcel

La Iglesia Católica en Argentina sigue sumando voces al debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, es decir, la edad en la que una persona puede ir a prisión al cometer un delito, que actualmente es de 16 años, pero el Gobierno proyecta disminuirla a 13.

Luego de que se pronunciara al respecto el Cardenal Ángel Rossi, Arzobispo de Córdoba, quien consideró que la propuesta “no es el mejor camino” y llamó en cambio a enfrentar la problemática en “la línea de la educación”, hizo lo propio el Arzobispo de San Juan de Cuyo, Mons. Jorge Lozano, quien ubicó la delincuencia como una consecuencia de la pobreza, y consideró que medidas así son “una solución espasmódica” y es como “enjabonar el tobogán que lleva al infierno”.

Una de las posiciones más contundentes fue la expresada hace algunos días por el Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Mons. Gustavo Carrara, quien, en un artículo publicado en Infobae, planteó: "¿El problema son los menores pobres en conflictos con la ley, o el problema profundo y de raíz es la decisión y voluntad de sostener a lo largo del tiempo una política pública de inclusión e integración social?".

"Es necesario un régimen penal juvenil verdaderamente humano y abierto a la esperanza, con todas las garantías del proceso, sin bajar la edad mínima de responsabilidad penal, es decir, manteniéndola en 16 años", sintetizó el prelado, en consonancia con la legislación internacional en Derechos Humanos, particularmente los Derechos de los Niños.

Asimismo, expuso “caminos concretos” para lograrlo: La justicia restaurativa, la mediación, la remisión de casos, las medidas no privativas de libertad.

“Los menores que son llevados al delito por organizaciones criminales son sus víctimas”, subrayó Mons. Carrara. “El Estado debe alejarlos de esa opción, en lugar de reafirmarlos en el rol de delincuentes”, sentenció. 

“Cuando vemos adolescentes que tienen armas en sus manos, deberíamos preguntarnos: ¿por qué los hemos dejado en orfandad, expuestos a situaciones que los dañan a ellos en primer lugar?”, cuestionó.

La Vicaría de los Pobres, la Vicaría de los Jóvenes y la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba también se pronunciaron en contra del proyecto que ya fue enviado al Congreso con la firma del presidente de Argentina, Javier Milei, y demás funcionarios del Gobierno, y es promocionado bajo la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, tal como el propio mandatario lo manifestó a TN.

Al respecto, consideraron que “penalizar no es la solución” y afirmaron: "Nos duele que alguien piense en bajar la edad de imputabilidad de los menores en vez de cuidar la vida que crece, preciosa a los ojos de Dios, dándoles oportunidades de crecimiento responsable y abogando por sus derechos".

Por eso, sugieren que la realidad de los menores que delinquen sea abordada en toda su complejidad, con la mirada en las circunstancias socioeconómicas, psicológicas, familiares y culturales que atraviesan.

"Lo que, como sociedad y Estado, ha de preocuparnos y ocuparnos responsablemente es buscar y encontrar soluciones verdaderas a la problemática de prácticas delictivas por parte de menores", sostienen, asegurando que es “un mensaje que nos interpela a todos”.

En ese sentido, invitan a poner el foco en la prevención, "porque creemos en la dignidad infinita de todo ser humano, y confiamos en sus posibilidades de superación".

Algunas de sus propuestas son: “Fortalecer a las familias, asegurándoles el derecho a la tierra, el techo y el trabajo (las 3T); hacer llegar a todos la necesaria seguridad alimentaria y las condiciones de salud integral; alentar, sostener económicamente, ofrecer capacitación a todos los niveles de educación pública; promover espacios de socialización integradora mediante el deporte, las artes, el trabajo comunitario, la recreación, las diversas manifestaciones culturales, mediante la asignación de los presupuestos necesarios".