La Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio de la Archidiócesis de Burgos (España) subrayó que “es una acusación falsa hablar de usurpación ilegítima de las cuentas bancarias”, como señala un nuevo comunicado de las ex monjas clarisas excomulgadas de Belorado, lideradas por la exabadesa Laura García de Viedma Serrano.
La ex monja, a la cabeza de las 10 ex religiosas excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada el 24 de junio por el delito de cisma —pese a haber tenido la oportunidad de presentarse ante el tribunal eclesiástico local, algo que no hicieron finalmente— envió un nuevo comunicado a los medios de comunicación.
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En ese texto se indica que “se ha detectado la usurpación ilegítima de las cuentas bancarias pertenecientes a nuestra comunidad (hoy asociación), sin que medie procedimiento judicial alguno que justifique dicha intervención".
Por ello, asegura el comunicado de las ex monjas cismáticas, “están proliferando informaciones falsas que nos presentan como morosas ante empresas y particulares, afectando gravemente a nuestra reputación" en el que, sin embargo, se indica que siempre han cumplido "puntualmente" con sus pagos.
Esta parte del comunicado se refiere a recientes noticias que daban cuenta de gastos de hasta 6.900 euros por sábanas de seda y mantas de terciopelo, que estarían impagos.
Refiriéndose al Arzobispo de Burgos y Comisario Pontificio, Mons. Mario Iceta, las ex religiosas señalan que es “alarmante que la persona ahora a cargo de nuestras cuentas haya sido previamente sancionada por el Banco de España debido a irregularidades en la gestión de cuentas de terceros".
La respuesta de la Archidiócesis de Burgos
Al comunicado de las ex monjas, la Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio respondió que “la Sra. García de Viedma dice hablar en representación de una asociación civil que no consta que esté registrada como tal ante la autoridad competente”.
“La transformación de una entidad religiosa en una asociación civil requiere el permiso y la forma de proceder que dispone la Santa Sede, que no se ha respetado en este asunto”, precisa la comisión.
“Se está intentando confundir a la opinión pública, tratando de hacer creer que la nueva asociación civil erigida por las exreligiosas es la propietaria del patrimonio de los Monasterios”, destaca el texto.
En ese sentido, la comisión indica que “al Comisario Pontificio, como Representante Legal, le asiste el derecho de administrar todos los bienes muebles, inmuebles, dinerarios y financieros de los monasterios. Es una acusación falsa hablar de usurpación ilegítima de las cuentas bancarias ni se requiere para ello ningún procedimiento judicial”.
La nota de la comisión recuerda además que “quien afirma la existencia de morosidad ante empresas y particulares son las propias exreligiosas, como se puede comprobar en sus diversas manifestaciones”.
Asimismo, prosigue el texto, “obran en nuestro poder facturas que llevan meses sin ser abonadas por la gestión de la exabadesa (aproximadamente, y con exclusión de los préstamos, solo en facturas se adeudan unos 42.000 €, algunas de las cuales tienen hasta 2 años de antigüedad), y que ella misma nos ha remitido”.
“Desconocemos la amplitud de las obligaciones financieras de los monasterios porque la Sra. García de Viedma sigue ilegalmente impidiendo el acceso a su gestión”, pese a los cinco requerimientos realizados “el último en el día de ayer”.
Respuesta a las “descalificaciones personales” contra el Comisario Pontificio
La nota también se refiere a las “descalificaciones personales” vertidas por la exabadesa contra el Comisario Pontificio y precisa que “hacer referencia a una sanción administrativa del Comisario Pontificio de su época en la que perteneció al consejo de administración de Cajasur desde 2005 a 2008, para poner en duda su legitimidad para administrar bienes, constituye un intento de calumniarle utilizando argumentos ad personam y describe bien la cualidad moral de la Sra. García de Viedma”.
Sin embargo el texto explica que “la sanción administrativa del Banco de España a los dos consejos de administración de Cajasur que tuvieron responsabilidades en dicha entidad de ahorro en torno a los años 2006 a 2010, entre cuyos miembros se encontraba el actual Comisario Pontificio, no se debió a irregularidades de dichos consejos de administración en la gestión de cuentas de terceros ni conllevó inhabilitación alguna ni limitación de ningún tipo para el Comisario Pontificio”.