Tras consumar el delito de cisma este viernes 21 de junio, las 10 monjas clarisas de Belorado y Orduña (España) han comunicado que han conferido su representación a una “comisión negociadora” de abogados para “buscar una solución pacífica y extrajudicial al conflicto” con el Arzobispado de Burgos.

A través de su cuenta de Instagram, las religiosas reiteran que “es su voluntad” no comparecer ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos, por no considerarlo “competente” en este tema y precisan que con sus abogados buscarán que se les permita “el reconocimiento de sus derechos personales y patrimoniales que están siendo expoliados (n.d.r. robados) por el Arzobispado”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

La agencia Efe informa que la comisión está conformada por el estudio de Santander Sarabia y Asociados, GTRS y el abogado Florentino Alaez, quienes se han puesto a disposición del Arzobispado para la negociación.

El abogado Diego Sarabia señaló a Efe que las monjas clarisas “se encuentran indefensas y sin ningún tipo de recursos”.

¿Qué pasa con las monjas clarisas de Belorado?

El 13 de mayo de 2024, la comunidad de hermanas clarisas de los Monasterios de Belorado y Orduña, situados respectivamente en la Archidiócesis de Burgos y la Diócesis de Vitoria (España), hicieron público un manifiesto y una carta en los que anunciaban que abandonaban la Iglesia Católica y se ponían bajo la tutela del falso obispo excomulgado Pablo de Rojas.

A fines de mayo, el Vaticano nombró al Arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta, Comisario Pontificio con plenos poderes. Cuando este comenzó a tomar medidas, las monjas decidieron llevar el conflicto a la justicia civil, acusando al prelado de “violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, libre separación voluntaria, así como también por abuso de poder y por usurpación de la representación legal”.

A inicios de junio, el Arzobispado de Burgos comunicó de manera formal a las monjas que debían comparecer ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos para responder por el delito de cisma tipificado en el canon 751 del Código de Derecho Canónico, castigado con la pena de excomunión. El plazo venció el viernes 21 de junio de 2024. 

El citado canon precisa que el cisma es el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos”.

¿Qué es la excomunión?

De manera breve se puede definir a la excomunión como la pena más grave para un bautizado, que consiste en apartarlo de la comunión de los fieles de la Iglesia Católica y del acceso a los sacramentos.

El Cardenal Mauro Piacenza, Penitenciario Mayor Emérito de la Iglesia, explicó en una ocasión que el objetivo de la excomunión es llevar "a los culpables al arrepentimiento y a la conversión".

"Con la pena de excomunión la Iglesia no intenta de algún modo restringir el campo de la misericordia, sino que simplemente se evidencia la gravedad del crimen", señaló.

¿Por qué se excomulga?

La excomunión no sólo es un castigo y va más allá de la restricción al acceso a la Sagrada Comunión.

Con la excomunión se reprende públicamente a quien "provoca con su conducta escándalo o grave perturbación del orden", como señala el canon 1339.