La Iglesia Católica eleva a la CIDH una demanda contra el Estado boliviano por el cierre de un instituto

La Conferencia Episcopal de Bolivia presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado boliviano por el cierre del Instituto Normal Superior Católico Sedes Sapientiae (INSCSS), de formación de maestros, clausurado de manera forzosa en 2010.

La demanda es llevada por ADF International, una organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos con un enfoque tanto en la protección como en la promoción de la familia, los valores cristianos y la libertad de expresión y religiosa.

Esta nueva acción se produce luego de que el Estado boliviano rechazara peticiones del Episcopado para reabrir el establecimiento de formación docente, como también un recurso que planteaba la inconstitucionalidad de la Ley de Educación.

Aprobada en diciembre de 2010, la Ley de Educación llevó al cierre de dos escuelas de formación docente, una gestionada por la Iglesia Católica y otra por la comunidad Adventista, y prohibió la creación de instituciones privadas que otorgaran títulos docentes.

Tomás Henríquez, director de Área para América latina de ADF International, explicó en un comunicado: “Tanto la Constitución boliviana como el derecho internacional protegen el derecho a la libertad educativa y religiosa, incluido el derecho a crear y gestionar instituciones educativas. Las autoridades bolivianas han violado flagrantemente ambos derechos al cerrar por la fuerza la Escuela Normal Católica”.

“Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupe de este caso y exija responsabilidades al Estado boliviano por estas flagrantes violaciones de los derechos humanos. No se puede permitir que se produzcan violaciones tan groseras de las libertades fundamentales”, añadió.

ADF explicó que, al nacionalizar la formación docente en Bolivia y decretar el cierre del INSCSS, el Estado boliviano violó el derecho internacional de los derechos humanos, incorporado a su legislación por mandato constitucional. 

En ese sentido, mencionó el artículo 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que protege la “libertad de los individuos y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que la educación dada en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”. 

La legislación boliviana vulnera entonces el derecho de los derechos humanos, al establecer una prohibición general a la libertad de las organizaciones e iglesias para establecer y dirigir escuelas normales, y al no establecer los requisitos mínimos que les permitirían hacerlo. 

El INSCSS fue fundado el 23 de febrero de 1956, a solicitud del entonces Arzobispo de La Paz, Mons. Abel Antezana, con la finalidad de formar maestros para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria; certificar a sus egresados como maestros; y tramitar el registro de sus egresados de acuerdo a las normas nacionales bolivianas de enseñanza. 

Más de 12.750 profesores recibieron su formación en el establecimiento, que además ha producido 125 textos educativos. Durante su funcionamiento, el instituto recibió distinciones por parte del Estado, por sus contribuciones a la cultura, la educación y el desarrollo de Bolivia, entre ellas la Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor de los Andes.

En 2010, al promulgarse la Ley de Educación, se nacionalizó la formación de docentes, inhibiendo así la libertad de las instituciones para formar maestros, y otorgando al Estado competencia exclusiva en la materia. 

Dicha ley ordenó el cierre de los institutos privados de formación docente, por lo que se cerró el INSCSS. 

Rechazados los recursos presentados a la Justicia boliviana, es el turno de la CIDH, que deberá pronunciarse en los próximos meses sobre la admisibilidad del caso y notificar al Estado para que responda a las demandas del Episcopado.