La agencia Lifesite News llamó la atención internacional sobre la inclusión de un proyecto de ley que buscaría rediseñar radicalmente la moral sexual de la sociedad boliviana, permitiendo la pedofilia, el aborto y las uniones homosexuales, como “derechos”.
El polémico proyecto de ley sobre “Derechos Sexuales y Reproductivos” fue presentado por la abogada Julieta Montano, que preside la Oficina Jurídica para la Mujer, un centro de entrenamiento y lobby especializado en temas sexuales y derechos humanos.
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Según Lifesite News, la legislación propuesta consagra “el derecho a ejercer una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, sin límites excepto por aquellos señalados expresamente por ley”.
De esta manera, sostiene la agencia, “se removerían todos los límites a la sexualidad aberrante, incluyendo la que involucra a niños”.
Aunque el proyecto de ley desató preocupación y polémica entre la población, fue aprobado por el Parlamento y solo se detuvo cuando el Presidente Carlos Mesa decidió devolverlo al Senado para que sea revisado antes de firmarlo. “Sin embargo, es poco probable que la legislación, que fue aprobada en el Senado con muy poca oposición, sea detenida por mucho tiempo”, advierte Lifesite News.
Evidentemente contrariada por el retraso de su norma, Montano ha lanzado una campaña contra la Iglesia Católica y ha acusado al Nuncio Apostólico en Bolivia de “romper toda norma de no-intervención en los asuntos estatales” por expresar su preocupación ante el Presidente Mesa.
Montano ha afirmado incluso que la Iglesia ha lanzado una “guerra sucia” contra la salud reproductiva, el aborto y el control natal; y actuar motivada por “el temor de perder el control sobre los cuerpos humanos de las demás personas”.
La preocupación de la Iglesia por la eventual norma es real. Diversos líderes religiosos consideran que la nueva legislación sería nociva para el país al implicar incluso la legalización de agresiones en nombre del “propio placer”.
La presión de Montano por impulsar su proyecto la ha llevado a señalar ante la prensa que Bolivia ha ratificado las declaraciones de las Naciones Unidas y Cairo y Pekín, y que por eso “está obligada a ajustar su legislación a las normas internacionales”.
Según Lifesite News, “no sorprende, entonces, que la legislación en cuestión allane el camino para reconocer las uniones sexuales y de hecho, promueva abiertamente la anticoncepción abortiva, y no mencione el papel de la familia en la educación sexual”.
En efecto, el proyecto de ley asume que los adolescente son sexualmente activos desde los 15 o 16 años y sugiere que el aborto clandestino es práctica común.
Según la agencia, el debate más estridente involucra el derecho de los adolescentes a la confidencialidad sobre su vida sexual.
El Padre Miguel Manzanera, director del Instituto Católico de Bioética advirtió que la norma "podría tener resultados muy serios. Podría provocar una emancipación temprana de los niños con respecto a sus padres. Cualquier mayor de 12 años de edad podría no solo tener el derecho de mantener relaciones sexuales, sino también de gozar de una confidencialidad tal que sus padres no serían informados aun cuando los menores contraigan SIDA, sus hijas resulten embarazadas o tengan un aborto".
Para el Padre Manzanera, una legislación de este tipo podría incluso llevar a los niños a la prostitución.