El Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, reiteró el propósito del Gobierno de proceder “de forma inmediata, a la vuelta del verano” a una reforma de la Ley del Divorcio para reducir el tiempo para obtener la disolución del matrimonio, que entrará en vigencia en 2005.
“De esa forma ahorraremos mucho sufrimiento, favoreciendo una causa elemental: la libre disposición sobre las formas de convivencia de los ciudadanos que en un régimen de libertades entran y salen del matrimonio sin excesivos rigores ni innecesarios padecimientos”, señaló el Ministro.
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Según López, no puede mantenerse que el divorcio sea consecuencia de separaciones previas de hasta dos años, sino que debe ser libremente accesible por las partes y debe poder invocarse inmediatamente ante los tribunales, para que sólo estuviese pendiente de la tramitación del procedimiento civil.
Asimismo, el Ministro estimó que el trámite se haga en solo unas semanas, y que el divorcio litigioso se concentre en la custodia de los hijos y en la disolución del régimen económico, pero que en todo caso fuese un procedimiento ágil y concentrado, que no superara los dos meses para ser operativo.
Después que en abril de 2004 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunciara su intención de agilizar los procesos de divorcios, diversos sectores de la sociedad predijeron algunos resultados catastróficos de la medida.
Así, el Instituto de Política Familiar (IPF) señaló que la propuesta traería más ruptura matrimonial y que en solo seis años se producirán tantos matrimonios como rupturas en un año.
Según el IPF, en este período se superarán las 200 mil rupturas anuales, es decir, una ruptura cada 2,6 minutos.