En una entrevista con ACI Prensa, el Cardenal Charles Maung Bo, Arzobispo de Rangún (Myanmar), se refirió al “estado de agitación y sufrimiento sin precedentes, que parece no tener fin” en el país, producto de un golpe de Estado a inicios de 2021, en plena pandemia de COVID-19.
El conflicto deja ya más de cien lugares de culto bombardeados o dañados, comentó el purpurado, precisando que los estragos de la violencia se extienden en muchas zonas del territorio.
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Además, indicó que casi 3 millones de personas han sido desplazadas y se encuentran en una necesidad urgente de asistencia, que ha ido llegando de a poco gracias al trabajo de la Iglesia Católica y de la organización no gubernamental (ONG) Religiones por la Paz.
Libertad religiosa bajo amenaza
A pesar de que Myanmar es un país predominantemente budista, la constitución garantiza la libertad religiosa. Sin embargo, el Cardenal Bo señala una realidad preocupante: "La última década vio la aparición de fuerzas fundamentalistas que apuntaron a las religiones minoritarias”.
Esta situación se ha visto exacerbada por la reciente agitación política, afectando a personas de todas las religiones, que sufren las consecuencias de una guerra civil en expansión. "La paz es la oración común de todas las religiones", enfatiza el cardenal.
El conflicto ha dejado una huella devastadora en la infraestructura religiosa del país, Muchas iglesias han resultado quemadas gracias a los bombardeos pesados, especialmente en la región de Sagaing y la Diócesis de Loikaw, informó el arzobispo.
“La arremetida contra lugares de culto ha obligado a muchas congregaciones a abandonar sus iglesias, un golpe significativo para las comunidades predominantemente cristianas, como la de Kachin”, lamentó.
Además, destacó que los grupos armados étnicos, que no representan a ninguna religión oficialmente, a menudo se asocian erróneamente con la fe que profesan de manera particular, lo que rápidamente da lugar a ataques en contra de lugares de culto.
¿Cómo vive la Iglesia Católica en medio de la crisis en Myanmar?
“El verano ha traído la agonía del calor y el agua es escasa. La Iglesia ha sufrido, pero sigue siendo fuente de sanación, especialmente a través de los sacerdotes y del brazo de trabajo religioso y social”, destacó el Cardenal Bo.
Asimismo, informó que los templos católicos han acogido a numerosos desplazados internos en todo el país.
“La Iglesia ha trabajado en los campos de desplazados de Kachin durante los últimos 13 años”, afirmó. “Las necesidades son enormes y la seguridad alimentaria es una necesidad urgente para nuestro pueblo”, completó.
El purpurado, también presidente de la Conferencia del Episcopado de Myanmar, reconoció que muchas comunidades religiosas —budistas, musulmanas y cristianas—, perdieron casas, monasterios e iglesias, debido a la violencia.
Asimismo, resaltó que “muchas religiosas trabajan muy estrechamente con los desplazados, que se ven obligados a huir de una situación precaria, a menudo expuestos a grandes riesgos de vida, como la mutilación de extremidades”.
El Cardenal Bo describió la situación actual de Myanmar como una crisis multidimensional, que ha dejado a millones de personas desplazadas, enfrentando la violencia y la incertidumbre.
En noviembre de 2018, el Papa Francisco visitó el país. Según el Arzobispo de Rangún, “aquella visita papal tuvo varios mensajes de amor y paz, pero lamentablemente pasó desapercibida” gracias a algunas situaciones. A pesar de todo, el Pontífice —añadió el cardenal— dejó un mensaje de paz entre las religiones y sus líderes.
Ante tanta violencia el purpurado hizo un llamado universal para lograr la paz en Myanmar:
“Hacemos un llamamiento a todas las partes para que busquen un camino de paz. Al comienzo de la guerra, la Iglesia trató de reunir a todos los partidos para trabajar por el consenso. Recientemente, las vías de paz parecen estar limitadas pero la Iglesia sigue llegando a todos los interesados con la esperanza de traer la paz”, concluyó.
La ONU alerta: "Calvario interminable" en Myanmar, millones sufren crueldad extrema
A inicios de marzo de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó una profunda preocupación por la situación en Myanmar, describiendo la crisis como un "calvario interminable" que ha infligido niveles insoportables de sufrimiento y crueldad a su población.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, destacó en mayo que el régimen militar ha causado miles de muertes, incluyendo ataques aéreos en pueblos y ciudades, y ha detenido arbitrariamente a más de 20.000 opositores, entre ellos 3.909 mujeres.
Además, el Consejo de Seguridad de la ONU exigió en abril el cese inmediato de la violencia, la liberación de los prisioneros detenidos arbitrariamente y la mejora del acceso humanitario.
Por último, la ONU también informó que la emergencia humanitaria empeorará este año, con 18.6 millones de personas que necesitarán asistencia en 2024, una cifra 19 veces mayor a la que se registró en febrero de 2021.
El golpe de Estado en Myanmar: El ejército alude al "fraude" para retomar el control total
En los primeros meses de 2021, las fuerzas armadas del país asiático [conocidas como Tatmadaw] se levantaron alegando un fraude electoral en los comicios generales del 8 de noviembre de 2020, en las que el partido Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Aung San Suu Kyi —premio nobel de la paz en 1991—, obtuvo una victoria aplastante.
Sin embargo, estas afirmaciones de fraude no fueron respaldadas por observadores independientes y muchos las consideran una excusa del ejército para retomar el control del país.
A pesar de que Myanmar pasó a un gobierno civil en 2011, la constitución del país —promulgada por los militares en 2008— garantiza que el ejército conserve un control significativo sobre el gobierno, como el dominio de importantes ministerios y un cuarto de los escaños parlamentarios.
La victoria abrumadora de la NLD, en 2020, aumentó la preocupación del Tatmadaw sobre la pérdida de su influencia política y económica. La combinación de estas circunstancias, entre otros varios factores, llevó al ejército a derrocar al gobierno democráticamente electo, arrestar a Aung San Suu Kyi y otros líderes de la NLD, y declarar un estado de emergencia, prometiendo nuevas elecciones, que aún no se han materializado.
En consecuencia, el golpe de Estado desencadenó una resistencia generalizada, protestas masivas y una escalada de conflictos armados en todo el país, llevando a Myanmar a una crisis humanitaria y de derechos humanos sin precedentes.