“Lo han vuelto a hacer. Es una especie de mantra obsesivo cada vez que necesitan una cortina de humo que distraiga de los verdaderos problemas que tenemos y a los que tan torpe e insidiosamente aplican su torticera gobernanza”.
Así inicia el Arzobispo de Oviedo (España), Mons. Jesús Sanz Montes, una carta difundida el pasado domingo titulada La matraca acusadora, en la que responde al anuncio del Gobierno de la elaboración de un plan exclusivo sobre los abusos sexuales y de poder cometidos en el seno de la Iglesia Católica.
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A juicio del prelado, desde el Ejecutivo “han tratado de focalizar sesgada y manipuladoramente el problema de la pederastia como algo imputable sólo a la Iglesia Católica, lo cual supone un exclusivo e indebido señalamiento, y deja al pairo a la mayoría de quienes han sufrido esta terrible lacra”.
El arzobispo franciscano anima a denunciar “las tramposas informaciones sesgadas o falsas, y decir humildemente lo mucho y bueno que hacemos como comunidad cristiana”, sin perjuicio de que se reconozcan errores, se pida perdón y se acompañe a las víctimas.
“Estamos implicados desde esa templanza proactiva, y no somos rehenes de la tibieza muda y ausente para salir en defensa de las víctimas asumiendo nuestra responsabilidad en lo que nos toca, pero instando a que la entera sociedad adopte también las medidas adecuadas, empezando por los gobernantes”, ha añadido.
Así, ha señalado cómo desde el Ejecutivo “se falsea la identidad de la persona humana” destruyendo “la antropología en su identidad masculina y femenina”; se utiliza a la mujer “desde el feminismo empoderado que no sólo no erradica la injusta violencia machista contra ella sino que la agudiza”; y se da en el ámbito educativo “una perversa manipulación pornográfica y obscena que confunde y daña a los niños y jóvenes desde la ideología de género”.
De mantenerse estas políticas, augura el arzobispo, “la sociedad así envenenada y confusa será más manipulable por quienes desde su amoralidad narcisista y falaz pretenden perpetuarse en sus poltronas de poder”.
El prelado ha calificado de “clara” la nota de la Conferencia episcopal Española (CEE) en la que rechazaba el plan del Gobierno y que denunciaba que el plan del Gobierno “parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”.
Mons. Sanz subraya que “no debemos consentir que se nos identifique con ese relato falso que desfigura la verdadera labor de la Iglesia” para plantear algunas cuestiones: “¿Qué institución de las afectadas en este crimen ha tomado con seriedad transversal cartas en el asunto? ¿Cuáles han creado oficinas de acogida y acompañamiento, han educado preventivamente a sus miembros y han colaborado activamente con la fiscalía?”.
“Es inaceptable la arbitraria imputación”
El prelado recuerda que “estamos ante un problema social, en el que como comunidad cristiana representamos el 0’2 de su conjunto, y no el 99’8 que parece que no interesa desde una focalización a lo exclusivamente eclesial, lo cual no es inocente”.
Estas cifras corresponden al estudio de la Fundación Anar, especializada en la protección de la infancia, que detalla que entre los años 2008 y 2009, el 0’2 % de los más de 6.000 casos de abusos pueden imputarse a sacerdotes y religiosos.
El Arzobispo de Oviedo concluye señalando que “es inaceptable la arbitraria imputación que nos expone sólo a nosotros con tan poco porcentaje delictivo a toda una serie de medidas legales, fiscales, económicas y sociales” al tiempo que se pregunta “¿Qué quieren tapar o distraer quienes siguen en esta viciada matraca? Cui prodest?, decía Séneca (a quién beneficia)”.