Diócesis niega enriquecimiento ilícito y apoya a sus obispos ante “persecuciones judiciales”

La Diócesis de San Ignacio de Velasco (Bolivia) reiteró su apoyo incondicional al Obispo Emérito, Mons. Carlos Stetter, cuyo domicilio fue allanado en el marco de las pesquisas que lo involucran en un caso de supuesto blanqueo de dinero o “legitimación de ganancias ilícitas”.

Mediante un comunicado emitido este jueves, la Iglesia local detalla que el 19 de abril, y de manera sorpresiva, “un fiscal de Materia y Policías de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz, mediante una orden judicial emitida por el juez tercero de Instrucción Anticorrupción Abog. Primo Flores, procedieron a allanar un inmueble de propiedad de la Diócesis de San Ignacio de Velasco, cedido para el uso del Obispo Emérito Karl Stetter, secuestrando documentos, computadora, dinero en efectivo y la camioneta de su propiedad”.

“Esto bajo el argumento de que se habría iniciado un proceso penal por parte del Ministerio Público por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, contra el Abog. Juan Zarzar Álvarez, Monseñor Carlos Stetter y la Diócesis de San Ignacio de Velasco, aunque hasta la fecha no nos han hecho conocer absolutamente nada al respecto a nuestra institución religiosa”, precisa.

Desde la Diócesis indican que se enteraron de lo sucedido “a través de los medios de comunicación” y a raíz de ello se apersonaron de manera voluntaria ante la Fiscalía para “solicitar información, y poder asumir nuestra defensa”, precisan, “exigiendo respeto al debido proceso, seguridad jurídica y otras garantías constitucionales”.

“Este proceso se viene tramitando desde el mes de agosto del año 2023 y en todo el tiempo transcurrido hasta la fecha, no se notificó con ninguna actuación procesal a nuestra institución, por lo que desconocíamos esta penosa situación”, añaden.

Asimismo, califican “como un abuso y exageración de los medios utilizados, al efectuar el secuestro de objetos, vehículo y documentos propios de Monseñor Karl Stetter, sin que previamente se le hubiera hecho conocer el proceso y la investigación ya iniciada ocho meses antes”.

En ese sentido, desde la Diócesis denuncian que estas acciones judiciales son “producto de especulaciones que algunas personas realizaron de manera pública, cuestionando los bienes adquiridos legalmente por parte de nuestra Iglesia, cuyo patrimonio se ha venido generando y sosteniendo desde hace más de 325 años con la fundación de las misiones jesuíticas en la Chiquitania y que los mismos han sido siempre en pro del pueblo, especialmente los pobres, situación que no es valorada ni considerada por nuestras gratuitos enemigos”.

Por otra parte, el comunicado da a conocer que “las obras sociales y aportes que ha realizado nuestra Iglesia tienen un alcance inimaginable”, en áreas como salud, educación, asistencia, comunicación y la contribución en programas sociales y proyectos productivos.

“Lamentablemente de un tiempo a esta parte, hay quienes no comprenden nuestro rol, y que tratan afanosamente de impedir nuestra labor. Confunden sus posiciones políticas, queriendo cuestionar el manejo económico de nuestra Iglesia y realizando este tipo de persecuciones judiciales, tratando de amedrentarnos”, aseguran.

“Pareciera que tienen la intención de obstaculizar nuestra labor pastoral que siempre pregonó el amor a Dios y al prójimo, en un marco de justicia y de paz”, añaden.

Finalmente, reiteran su disposición para “coadyuvar en cualquier investigación brindando la información que sea pertinente” para que los hechos sean esclarecidos y “se evite seguir dañando la imagen de nuestra institución y sus autoridades religiosas”.

“Negamos la acusación de que nuestros bienes, recursos e inversiones representen un enriquecimiento ilícito”, concluyen, con el “apoyo incondicional” al Obispo Emérito y también al actual Obispo, Mons. Robert Flock, y exigiendo “respeto a sus derechos e investidura”.