La cuestión política en torno al escándalo de abusos de los Jesuitas en Bolivia

Al cumplirse un año de la publicación del reportaje “Diario de un cura pederasta”, por el diario El País de España, que relata los abusos cometidos en Bolivia por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, miembro de la Compañía de Jesús (Jesuitas), ACI Prensa llegó al país sudamericano para conocer las implicancias políticas del caso, el impacto de las acusaciones de abuso sobre la imagen de la Iglesia en Bolivia, y la respuesta de la justicia civil.

Pedrajas, mejor conocido como “Padre Pica”, llegó a Sudamérica a comienzos de la década de los ‘60 como parte de su proceso de formación con los Jesuitas. Durante 10 años vivió en Perú y Ecuador, donde cometió sus primeros abusos, aún como seminarista, y en 1971 se radicó definitivamente en Bolivia.

Allí la Compañía de Jesús lo nombró subdirector del Instituto Juan XXIII, un internado cuya misión era formar a los alumnos más preparados del país, con una predilección especial por aquellos sumidos en realidades de gran pobreza. 

Tres años más tarde, el Padre Pica se convertiría en el director del colegio, donde habría abusado sexualmente de más de 80 menores de edad durante casi 30 años.

Desde que se suscitó el escándalo, tanto los Jesuitas en Bolivia, como la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), llevaron adelante acciones para colaborar con la justicia y recopilar denuncias. También se impulsaron varias iniciativas para garantizar la escucha y el acompañamiento a las víctimas.

En ese marco, comenzaron a surgir demandas que involucran a varios sacerdotes jesuitas por abusos cometidos décadas atrás, e incluso una denuncia colectiva introducida por un grupo de exalumnos del Instituto Juan XXIII, contra el actual provincial de la Compañía de Jesús en el país, el P. Bernardo Mercado, que es investigado actualmente por la Justicia Civil.

Una comisión de la verdad en la Cámara de Senadores para responder a los abusos

Sobre el seguimiento legislativo de los casos de abuso que se ha dado desde la Cámara de Senadores boliviana con la creación de la Comisión Especial de la Verdad, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) denunció que el trabajo del senado “ha sido muy sesgado” debido a los intentos de instrumentalización política y presiones del partido mayoritario de gobierno.

Una de las senadoras que conforman la comisión, Nelly Gallo Soruco, perteneciente al partido Comunidad Ciudadana (CC) de tendencia opositora, conversó con ACI Prensa sobre el trabajo que han llevado adelante estos últimos meses y los pasos a seguir en el futuro.

El objetivo principal de la Comisión Especial de la Verdad es conducir una investigación para luego elevar un informe que será puesto a disposición de la presidencia de la Cámara de Senadores. Gallo fue enfática al señalar que la comisión no tiene potestad alguna de imponer sanciones penales ni de administrar justicia.

“La Comisión Especial se ha conformado a raíz de la preocupación que surgió después de la publicación del reportaje de El País de España”, explica la senadora Gallo. Además, puntualiza que la comisión empezó a funcionar en junio de 2023.

La militante del partido Comunidad Ciudadana empezó a formar parte de la comisión debido a los temores que tenía su partido sobre una “posible manipulación para fines políticos” de los casos de abusos en la Iglesia. En total son seis senadores los que la conforman, de los cuales tres militan en el partido Movimiento al Socialismo (MAS), históricamente afín al expresidente boliviano Evo Morales.

“Había una susceptibilidad de que la mayoría pudiera hacer un direccionamiento discrecional del objetivo que tiene la comisión. Para el momento en que ingresé ya se habían hecho varias entrevistas a los involucrados, entre ellos los exalumnos del colegio Juan XXIII y el Defensor del Pueblo”, señaló Gallo.

La senadora resaltó que la comisión también entrevistó a Pedro Lima, ya con ella presente, una figura controversial y muy mediática en Bolivia, relacionada con el MAS y que formó parte de la Compañía de Jesús. 

Lima ha denunciado en repetidas ocasiones que fue expulsado de los Jesuitas cuando decidió denunciar los casos de abusos. Para Gallo, el exconstituyente es una persona que tiene “un sentimiento muy fuerte en contra de la Iglesia”. ACI Prensa se comunicó con Pedro Lima para conocer su opinión sobre el caso y las afirmaciones de la senadora, pero se negó a dar declaraciones.

El tema de los abusos en Bolivia es “muy común”

Asimismo, Gallo remarcó la importancia de saber entender que el tema de los abusos es “delicado y de mucho cuidado”, “lamentablemente es muy común” en la sociedad boliviana y “que falta mucha atención de parte de las autoridades”. 

Además, añadió que muchas de las leyes de protección a menores de edad “no se cumplen a cabalidad o no son funcionales”.

“Necesitamos que esta comisión cumpla con ese rol, el de hacer valer la normativa legislativa y que no se manipule de una forma político-partidaria. Que proceda con el respeto que se merecen las víctimas y la institución religiosa dentro de la cual se suscitaron estas situaciones tan penosas de abuso a los niños”, indicó Gallo.

Entre quienes están involucrados en el caso parece un secreto a voces que el gobierno boliviano, de tendencia socialista “tiene en la mira” a la Compañía de Jesús. ACI Prensa consultó a la senadora Gallo sobre la posibilidad de que a los Jesuitas les sean expropiados sus bienes en el país, con la excusa de ofrecer algún tipo de compensación económica a las víctimas. 

Sobre esto, la senadora indicó que “no podría dar un criterio de certeza, porque no le consta”, pero que “no sería de extrañar” que el gobierno procediera de esta manera. 

Gallo y su equipo afirman además “estar preparados para hacer frente a una situación así”, e indicó que si el informe final de la comisión está manchado por intenciones políticas ajenas a su naturaleza, presentarían un “informe de minoría” denunciando todas las irregularidades.

La legisladora puntualizó: “Hemos visto que la Iglesia y la Compañía de Jesús han sido muy abiertos y no han tenido intención de ocultar nada, eso ha sido una gran ayuda para poder sacar las ideas de complicidad”. Y concluyó afirmando tajantemente que “la Iglesia no es culpable de las acciones individuales de sus miembros”.

La importancia de la libertad religiosa en Bolivia

“Nosotros somos firmes defensores de las libertades y de los derechos humanos, especialmente de la libertad religiosa. Necesitamos que las iglesias sean un centro de confianza para el ejercicio de la libertad de la fe”, afirmó Gallo.

Lo cierto es que la libertad religiosa en el país sudamericano se ve cada día más amenazada y muchos voceros comienzan a expresar su preocupación. 

El “Caso Pedrajas” y las diversas denuncias que le siguieron podrían ser la excusa perfecta para que el gobierno ataque abierta y definitivamente a la Iglesia Católica boliviana. “Nos preocupa que estos casos lamentables se instrumentalicen para perseguir políticamente a la Iglesia”, reiteró Gallo. 

La crisis de abusos en Bolivia sigue proyectando su sombra sobre la Iglesia Católica en el país, especialmente sobre las víctimas, que han parecen buscar respuestas y justicia en vano. A medida que avanzan las investigaciones, y a pesar de los esfuerzos de la Iglesia, todo parece indicar que el camino a recorrer será muy largo.

En un panorama donde la fe se tambalea, Bolivia se enfrenta a una encrucijada dolorosa en la que la búsqueda de soluciones parece estar atrapada en un círculo vicioso de desconfianza, lagunas jurídicas, intereses económicos y presiones políticas.