Voceros de Izquierda Verde (ICV) y la Red Feminista Contra la Violencia de Género anunciaron diversas iniciativas con el objetivo de que el Ejecutivo “revise” el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede en materia de financiación.
El diputado y vocero de ICV en el Congreso, Joan Herrera, informó que su grupo presentará una proposición no de ley para modificar la relación entre Iglesia y Estado en materia de financiación, porque "la jerarquía eclesiástica se está pasando muchísimo".
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
La proposición pedirá la revisión del Concordato entre el Estado y la Santa Sede (1979), por ser "preconstitucional" y dar a la Iglesia un "privilegio en financiación"; derogar la Ley Orgánica de libertad religiosa (1980), que otorga "un trato de favor clarísimo" a la Iglesia; y modificar la Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación (2002), con "privilegio clarísimo" de la Iglesia Católica.
Herrera justificó esta iniciativa por la "reacción desmedida" a propuestas de "normalidad democrática" como la equiparación de uniones homosexuales al matrimonio y la adopción por parte de éstas.
El congresista se refirió a la reciente carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el hombre y la mujer, afirmando que “el Estado debe reaccionar porque, sino, se acabaría teniendo una actitud profundamente hipócrita". "Nos escandalizamos por el velo de las jóvenes musulmanas en las escuelas pero no nos escandalizamos por quienes imparten doctrina diciendo que la mujer debe quedarse en casa", añadió Herrera.
El Estado no puede financiar a los que hacen "declaraciones que vulneran la igualdad" en vez de "jugar un papel de neutralidad", afirmó el diputado de ICV y pidió que se respete la condición española de Estado aconfesional.
Tras afirmar que hay sectores socialistas que están en contra de estas declaraciones de la Iglesia, Herrera dijo que "la crítica debe ir acompañada de hechos". "Hay una mayoría sólida en el Congreso para permitir la revisión de estos acuerdos", aseguró.
De otro lado, Ángeles Álvarez, portavoz de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, anunció que ésta ha iniciado una campaña de recogida de firmas, a fin de que el Gobierno suspenda los acuerdos con la Santa Sede, que desde 1979 determinan los mecanismos de contribución del Estado a la financiación de la Iglesia Católica.
Álvarez justificó tal iniciativa al señalar que la Iglesia "hace apología del sexismo al defender un papel estereotipado de las mujeres y atacar los principios de igualdad".
"Es necesario que los españoles hagan una reflexión sobre el hecho de que el Estado no puede mantener una relación privilegiada con una organización que ataca los derechos de la mitad de la población", apuntó.
La vocero de la Red criticó que muchas comunidades autónomas y ayuntamientos destinen fondos para programas de prevención o atención de víctimas de malos tratos a organizaciones vinculadas con la Iglesia, cuando ésta "defiende la desigualdad".
"¿Cómo se va a prevenir la violencia de género desde estos planteamientos? ¿Cómo se va a conseguir la recuperación de las víctimas cuando se predica un rol estereotipado de las mujeres?. Hacemos un llamamiento a las comunidades autónomas para que bajo ningún concepto destinen dinero a estas organizaciones para gestionen programas de este tipo", añadió Álvarez.
rompa unilateralmente un acuerdo internacional colocando a España en línea de colisión