A un año del caso del “Padre Pica”: ¿En qué quedó la crisis de abusos en Bolivia?

Cerca de cumplirse un año de la publicación —el 30 de abril de 2023— del reportaje “Diario de un cura pederasta”, por el diario El País de España, que relata los abusos cometidos en Bolivia por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, miembro de la Compañía de Jesús (Jesuitas), repasamos lo sucedido con testimonios de diferentes actores involucrados en el caso y enumeramos los avances de las investigaciones que se llevan en contra de éste y otros sacerdotes.

Para ahondar en el caso Pedrajas, dos periodistas de ACI Prensa viajaron en octubre de 2023 a La Paz, Cochabamba y Sucre, en Bolivia, donde entrevistaron a exalumnos de Pedrajas, así como autoridades civiles, de los Jesuitas y del Episcopado boliviano.

Pedrajas, mejor conocido como “Padre Pica”, llegó a Sudamérica a comienzos de la década de los ‘60 como parte de su proceso de formación en la Compañía de Jesús. Durante 10 años vivió en Perú y Ecuador, donde cometió sus primeros abusos, aún como seminarista. En 1971 se radicó definitivamente en Bolivia.

Allí la Compañía de Jesús lo nombró subdirector del Instituto Juan XXIII, un internado cuya misión era formar a los alumnos más preparados del país, con una predilección especial por aquellos sumidos en realidades de gran pobreza. Tres años más tarde, el Padre Pica se convertiría en el director del colegio, donde habría abusado sexualmente de más de 80 menores de edad durante casi 30 años.

Desde que se suscitó el escándalo, tanto la Compañía de Jesús en Bolivia, como la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), llevaron adelante acciones para colaborar con la justicia y recopilar denuncias. También se impulsaron varias iniciativas para garantizar la escucha y el acompañamiento a las víctimas.

En ese marco, comenzaron a surgir demandas que involucran a varios sacerdotes jesuitas por abusos cometidos décadas atrás, e incluso una denuncia colectiva introducida por un grupo de exalumnos del Instituto Juan XXIII contra el actual provincial de la Compañía de Jesús en el país, el P. Bernardo Mercado.

La Justicia civil puso en marcha una investigación que involucra a varios sacerdotes que se desempeñaban como superiores en el momento en que fueron cometidos los abusos. En ese contexto, varios de ellos fueron separados de sus cargos hasta que se esclarezca la situación.

En marzo de 2024, la Justicia en Bolivia dictó prisión domiciliaria de manera preventiva a los sacerdotes jesuitas españoles Marcos Recolons (81) y Ramón Alaix (83), acusados de presunto encubrimiento de los abusos cometidos por Pedrajas. Ambos se desempeñaban como supervisores en el Internado Juan XXIII, y aparecen nombrados en el diario del fallecido jesuita.

El dolor de las víctimas

Exalumnos de Alfonso Pedrajas aseguraron a ACI Prensa que “era un sociópata y un muy mal sacerdote”, que abusaba de su posición de poder para cometer atrocidades con total impunidad. En Cochabamba, donde funcionaba el internado, uno de los egresados informó de primera mano sobre el estatus actual de las denuncias.

Wilder Flores, integrante del directorio ampliado de la asociación de antiguos alumnos del Colegio Juan XXIII, donde se habrían producido más de un centenar de abusos cometidos por jesuitas, aseguró que “escuchar los testimonios [de las víctimas] realmente es desgarrador”.  

El exalumno denunció que lo que se vivió en esta institución educativa “ha sido terriblemente criminal; era sistemático: hay casos desde tocamientos y vejaciones, hasta torturas”. Y enfatizó: “No estamos hablando de cualquier cosa”, refiriéndose al dolor y al trauma que quedaron impresos en las vidas de las víctimas.

Flores detalló que sobre el Internado Juan XXIII tienen registrados unos 187 casos de abusos que habrían sido cometidos por cuatro sacerdotes jesuitas: Alfonso Pedrajas, Francesc Peris, Carlos Villamil y Francisco Pifarré. Este último vive todavía y, de acuerdo a un comunicado de la Compañía de Jesús, se presentó a la fiscalía de Santa Cruz alegando su inocencia.

Además, acotó que 31 de las presuntas víctimas “están dispuestas a dar su testimonio y han dado un poder” al abogado de la asociación para el proceso legal. En la actualidad, las instalaciones del antiguo internado funcionan como una obra de la fundación Fe y Alegría, también a cargo de Jesuitas, al que ACI Prensa tuvo acceso. 

El representante de los exalumnos aseguró que los Jesuitas no se han acercado a ellos directamente, porque los religiosos han apelado a la opinión pública y han abierto sus canales de escucha para denuncias de abusos. Además, denuncia también que existe mucha gente que ha sido convencida por la Orden con favores y trabajos.

Flores enfatizó que actualmente hacer una denuncia en contra de un sacerdote fallecido “no vale la pena, porque legalmente eso va a quedar en la nada”. “¿A quién van a imputar? No tiene sentido y eso es lo que los Jesuitas han estado impulsando: denuncian al muerto y a los vivos los defienden a capa y espada”, señaló.

En este sentido, precisó que la asociación de exalumnos considera que la Compañía de Jesús debe asumir una responsabilidad institucional, dando a entender que los Jesuitas habrían conocido el proceder del Padre Pica gracias a sus mecanismos de comunicación interna. De acuerdo a Flores, el mismo Pedrajas reconoció que contó varias veces a sus superiores lo que hacía.

“Y ante eso, el no haber hecho nada es negligencia, es un delito por omisión. Estamos hablando de abusos sistemáticos durante muchos años y si en su momento se hubiese parado, se hubiesen evitado un montón de víctimas”, resaltó.  

De acuerdo a los testimonios de exalumnos brindados a ACI Prensa, en la asociación se encuentran divididos en dos facciones: hay quienes desean una reparación económica, y otros que no. Incluso desde un bando acusan al otro de ser personas “fanatizadas”, que sólo buscarían hacerle daño a la Iglesia.

Según Flores, no exigen remuneración económica, pero aseguran que esa debería ser una responsabilidad civil que deben asumir los Jesuitas y la Iglesia Católica. Además, afirma que sólo desean que se esclarezca la verdad.

Por lo tanto, el vocero de los exalumnos reiteró su pedido a la Compañía de Jesús de que asuma su responsabilidad institucional ante los abusos, porque no serían delitos Intuitu personæ (de manera personal). “Todos estos hechos en conjunto constituyen ya no un delito común, estamos hablando de un delito de lesa humanidad y eso no prescribe”, puntualizó.

La respuesta de la Compañía de Jesús

El encargado de comunicaciones de los Jesuitas en Bolivia, P. Sergio Montes Rondón, también se refirió a la situación actual de los casos. Además de las investigaciones que se llevan en contra de los cuatro sacerdotes del instituto Juan XXIII, el P. Montes indicó a ACI Prensa que la Compañía ha recibido denuncias en contra del P. Luis María Roma, el P. Jorge Vila Despujol, el P. Antonio Gausset Capdevila y el P. Antonio Mestre Descals. Todos ellos ya fallecieron.

Además, el P. Montes se pronunció sobre “una nueva acusación” por parte del grupo de exalumnos del colegio Juan XXIII, “en la que usan una figura que no alude tanto al encubrimiento, sino que más bien califica de 'autor por omisión'” al P. Bernardo Mercado, superior de la Compañia de Jesús en Bolivia.

“¿Cómo puede ser autor y cómo puede no haber ofrecido garantías y no haber ayudado a que se evite el hecho, cuando ni era provincial, y en algunos de los casos ni había nacido?”, cuestionó, apuntando  a la complejidad del caso y las responsabilidades.

Como parte del proceso, ocho jesuitas que se desempeñaban como provinciales en la época en la que supuestamente se cometieron los abusos fueron separados de sus cargos mientras se desarrolla la investigación. Actualmente, residen en la comunidad Nuestra Señora de la Esperanza, en Cochabamba. “Por cuidado a la imagen de las personas” el P. Montes prefirió no dar sus nombres.

En aras de garantizar la transparencia en los procesos de la investigación, el P. Montes no consideró conveniente, por ahora, que se promueva el diálogo con los exalumnos del colegio Juan XXIII. El sacerdote argumentó que “hay unos procesos de investigación en curso” que “no se pueden contaminar, por ahora, con otro tipo de acciones, mientras no haya un paso más”.

Según el sacerdote, para la Compañía de Jesús “lo más importante de esta situación son las víctimas”, por eso, sobre ellas llevan adelante una línea “de justicia integral”. 

“Una cosa son las víctimas y otra cosa es una representación de las víctimas, que puede tener otras motivaciones”, advirtió, considerando que “la situación se ha ido mezclando con otros intereses de otros sectores”, y “se la está utilizando políticamente como bandera para los intereses de sectores o grupos políticos” que actúan en función del gobierno.

El jesuita cuestionó: “¿Qué apoyo están recibiendo las víctimas, además de lo legal, para su situación, desde las instancias que están protagonizando su representación, su defensa, etcétera?”.

Dirigiéndose a las víctimas, garantizó: “Nuestra solidaridad no es una solidaridad teórica; nuestra empatía no es una puesta en escena, ni una forma de quedar bien. Es que nos duele [...] nos duele porque el cuerpo de Cristo ha sido dañado”.

En un contexto de dolor y sin respuestas definitivas para las víctimas de Pedrajas, el P. Montes dijo que para el fallecido abusador sexual se debe tener una mirada “de justicia, pero también una mirada de misericordia”, considerando que “más allá del sacerdocio, la vocación primera es la vocación humana”.

“Es lamentable, triste y la Compañía de Jesús está dolida por lo que hizo uno de sus hijos. Qué pena que no se le pudo ayudar en los momentos en los que tal vez se podía hacer algo”, lamentó. Y aunque la misericordia “en absoluto” supone una disculpa a las acciones del Padre Pica, llamó a rezar incluso por personas como Pedrajas, que han podido hacer mucho mal a mucha gente.

“Lo que pasó no lo vamos a cambiar, pero lastimosamente, cuando no estamos a tono empáticamente con las personas, podemos no ser realmente agentes de reconciliación, de salvación y de bien”.

“Eso no puede mantenernos indiferentes, dejarnos en la indiferencia. Y con la seguridad de que así como estamos actuando para transparentar todo y para que estas cosas se aclaren, queremos comunicarles y decirles que a todas las víctimas la compañía las va a atender en lo que se tenga que hacer para darles justicia integral”, expresó el P. Montes.

La respuesta del Episcopado boliviano a la crisis

Sobre ese pasado convulso también habló con ACI Prensa el P. Diego Plá, Secretario General Adjunto de la CEB, quien recordó que la gran mayoría de los casos de abuso en la Iglesia de los que se habla hoy, se cometieron en el siglo anterior. “La realidad de los abusos [eclesiales] en 2023 es prácticamente insignificante, nosotros estamos tranquilos”, indicó.

El P. Plá fue muy enfático en que “más allá de ese 3% del total [de sacerdotes] que representan los abusos eclesiales”, en Bolivia se vive una situación dramática a nivel social en temas de maltrato y abusos a menores. Afirmó que “eso parece que no nos interesa, siempre nos interesa más el tema eclesial”.

Sin embargo, el sacerdote de origen español indica no querer justificar a los agresores: “Son criminales”, sentenció. También criticó el accionar de la Iglesia en aquellos tiempos cada vez que se recibían denuncias en contra de algún clérigo, señalando que “se ha tenido que aprender de ese mal proceder”.

“Cuando se agarraba a un sacerdote se le movía de un lado a otro pensando que se iba a sanar. Evidentemente no. No fue un proceder adecuado”, y explicó que ahora, cuando se recibe una denuncia en contra de algún clérigo, se formaliza ante la justicia civil y canónica, e incluso los ordinarios se involucran. “Antes, desgraciadamente muchas veces, los Obispos lo ocultaban”, señaló.

De forma similar al P. Sergio Montes, el Secretario General Adjunto de la CEB, considera importante tener gestos de misericordia para con esos “criminales”. Manifiesta que uno de los principios básicos del cristianismo es el de “no juzgar”, que aplica especialmente en estos casos porque se desconoce el sufrimiento particular de los victimarios: “Está demostrado que muchos abusadores han sido abusados también”, puntualizó.

También calificó de “admirable” la respuesta de la Compañía de Jesús al escándalo de los abusos, remarcando que han sido claros y transparentes a lo largo de estos meses. Este sentir es muy poco compartido por gran parte de los exalumnos del internado Juan XXIII. El sacerdote también critica que el tema de los abusos eclesiales en Bolivia se juzgue “desde el lente del 'Caso Pedrajas'”, y hace un llamado a abordar la situación desde la amplitud que amerita. 

Aún así, es evidente que el caso del jesuita Pedrajas y todo el vendaval que desató en el país sudamericano también sacudió a la CEB hasta sus cimientos. Desde mayo, la institución se movilizó para crear cinco comisiones nacionales con el objetivo de atender a las víctimas; “pedir perdón como Iglesia”, en palabras del Secretario General Adjunto; e investigar y prevenir los casos de abuso.

Aunque el P. Plá afirma que “están lloviendo denuncias” en el Episcopado, la realidad es que desde que se habilitaron los canales de atención a posibles víctimas (una línea gratuita, una línea de WhatsApp, un correo eléctrico y un formulario digital), la Comisión Nacional de Escucha de la CEB sólo ha recibido 7 casos: 3 de ellos por abuso sexual y los demás por consumo de alcohol y abuso de poder. Todas las denuncias datan de hace más de 20 años.

Desde su creación en junio de 2023, la Comisión Nacional de Escucha de la Conferencia Episcopal Boliviana, cuya tarea es recibir y acompañar a las posibles víctimas de abusos dentro de la Iglesia, realiza reuniones bimestrales de las que participan delegados de las 18 jurisdicciones eclesiásticas del país. Durante su último encuentro, en febrero de 2024, se pudo conocer cómo está implementando cada diócesis los Protocolos de Actuación en lo vinculado a las denuncias.

“El sistema judicial boliviano es francamente deplorable”, dijo a ACI Prensa Susana Inch, abogada titular de la CEB y responsable de la Comisión Nacional de Investigación. Inch hace una diferenciación clara de los tres escenarios en donde se desenvuelven los casos de abuso en el país: el derecho penal, el derecho canónico y el seguimiento legislativo.

Sobre el derecho penal, la abogada señaló que se caracteriza por una “marcada inestabilidad y por modificaciones constantes de la norma, no precisamente basadas en la legalidad”. Inch criticó el proceder del Estado boliviano, que ha respondido a la coyuntura de los abusos “con acciones excesivas, detenciones forzadas y acusaciones sin fundamento”.

En materia de derecho canónico, Inch lamentó la escasez de abogados canonistas en Bolivia, una realidad que considera determinante porque les presenta a los obispos “un desafío enorme a la hora de atender denuncias por temas de abuso sexual, porque no hay gente preparada”.

Desde un punto de vista meramente jurídico, la inmensa mayoría de los casos de abuso sexual en ambientes eclesiales de los que se tiene conocimiento actualmente en Bolivia ya prescribieron por su antigüedad. La abogada explica que el Código Penal boliviano no prevé sanciones para estos casos y que fue apenas en 2021 cuando se aprobó la responsabilidad penal de las instituciones de las personas jurídicas, por lo que organizaciones como la Compañía de Jesús tampoco estarían sujetas a sanciones.

Sin embargo, Inch afirmó que “aunque lo legal no prospere, la Iglesia debe dar una respuesta en lo humano”, poniendo como ejemplo el caso chileno, donde la Orden jesuita ha puesto en marcha varias iniciativas para resarcir a las víctimas de abuso.

En 2019, la Compañía de Jesús en Chile creó el Centro de Prevención de Abusos y Reparación (CPR) para abordar “profesional e interdisciplinariamente” los casos de abuso cometidos por algunos sacerdotes, acogiendo a las víctimas y “buscando caminos de encuentro y reparación”, para hacer justicia.

El CPR recibió —desde 2005 y hasta el 2021— 17 denuncias en contra de jesuitas, de las cuales 11 fueron consideradas verosímiles. En total, 64 personas fueron víctimas de los sacerdotes de la Orden: 34 menores de edad y 30 adultos al momento de ocurrir los hechos.

Según el sitio web de Presupuesto Abierto del gobierno chileno, entre 2016 y 2022, el Estado ha aportado más de 99 mil millones de pesos a las distintas fundaciones que controla la Compañía de Jesús, un poco más de 100 millones de dólares americanos. El monto oficial que ha repartido la Orden en reparaciones económicas a las víctimas de abuso no se ha hecho público.

El Senado boliviano, la cuestión política y la presión gubernamental

Sobre el seguimiento legislativo de los casos de abuso, que se ha dado desde la Cámara de Senadores boliviana, con la creación de la Comisión Especial de la Verdad, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) denunció que el trabajo del senado “ha sido muy sesgado”, debido a los intentos de instrumentalización política y presiones del partido mayoritario de gobierno.

Una de las senadoras que conforman la comisión, Nelly Gallo Soruco, perteneciente al partido Comunidad Ciudadana (CC) de tendencia opositora al actual gobierno boliviano, conversó con ACI Prensa sobre el trabajo que han llevado adelante estos últimos meses y los pasos a seguir en el futuro.

El objetivo principal de la Comisión Especial de la Verdad es conducir una investigación para luego elevar un informe que será puesto a disposición de la presidencia de la Cámara de Senadores. Gallo fue enfática al señalar que la comisión no tiene potestad alguna de imponer sanciones penales ni de administrar justicia.

“La Comisión Especial se ha conformado a raíz de la preocupación que surgió después de la publicación del reportaje de El País de España”, explica la senadora Gallo. “Empezó a funcionar en junio de este año”, añadió.

La militante del partido Comunidad Ciudadana empezó a formar parte de la comisión debido a los temores que tenía su partido sobre una “posible manipulación para fines políticos” de los casos de abusos eclesiales. En total son seis senadores los que la conforman, de los cuales tres militan en el partido Movimiento al Socialismo (MAS), históricamente afín a Evo Morales.

“Había una susceptibilidad de que la mayoría pudiera hacer un direccionamiento discrecional del objetivo que tiene la comisión. Para el momento en que ingresé ya se habían hecho varias entrevistas a los involucrados, entre ellos los exalumnos del colegio Juan XXIII y el Defensor del Pueblo”, señaló Gallo.

La senadora resaltó que la comisión también entrevistó a Pedro Lima, ya con ella presente, una figura controversial y muy mediática en Bolivia, relacionada con el MAS y que formó parte de la Compañía de Jesús. 

Lima ha denunciado en repetidas ocasiones que fue expulsado de la Orden cuando decidió denunciar los casos de abuso. Para Gallo, el exconstituyente es una persona que tiene “un sentimiento muy fuerte en contra de la Iglesia”. ACI Prensa se comunicó con Pedro Lima para conocer su opinión sobre el caso y las afirmaciones de la senadora, pero se negó a dar declaraciones.

Asimismo, Gallo remarcó la importancia de saber entender que el tema de los abusos “es uno delicado y de mucho cuidado”, que “lamentablemente es muy común” en la sociedad boliviana y “que falta mucha atención de parte de las autoridades”. Además, añadió que muchas de las leyes de protección a menores de edad “no se cumplen a cabalidad o no son funcionales”.

“Necesitamos que esta Comisión cumpla con ese rol, el de hacer valer la normativa legislativa y que no se manipule de una forma político-partidaria. Que proceda con el respeto que se merecen las víctimas y la institución religiosa dentro de la cual se suscitaron estas situaciones tan penosas de abuso a los niños”, indicó.

Entre quienes están involucrados en el caso parece un secreto a voces que el gobierno boliviano, de tendencia socialista “tiene en la mira” a la Compañía de Jesús. ACI Prensa consultó a la senadora Gallo sobre la posibilidad de que a los Jesuitas les sean expropiados sus bienes en el país, con el pretexto de ofrecer algún tipo de remuneración a las víctimas.

Sobre esto, la senadora indicó que “no podría dar un criterio de certeza, porque no me consta”, pero que “no sería de extrañar” que el gobierno procediera de esta manera. Gallo y su equipo afirman “estar preparados para hacer frente a una situación así”, e indicó que si el informe final de la comisión está manchado por intenciones políticas ajenas a su naturaleza, presentarían un “informe de minoría” denunciando todas las irregularidades.

La legisladora puntualizó: “Hemos visto que la Iglesia y la Compañía de Jesús han sido muy abiertos y no han tenido intención de ocultar nada, eso ha sido una gran ayuda para poder sacar las ideas de complicidad. Y concluyó afirmando tajantemente que “la Iglesia no es culpable de las acciones individuales de sus miembros”.

“Nosotros somos firmes defensores de las libertades y de los derechos humanos, especialmente de la libertad religiosa. Necesitamos que las iglesias sean un centro de confianza para el ejercicio de la libertad de la fe”, afirmó Gallo.

Lo cierto es que la libertad religiosa en el país sudamericano se ve cada día más amenazada y muchos voceros comienzan a expresar su preocupación. El “Caso Pedrajas” y las diversas denuncias que le siguieron podrían ser la excusa perfecta para que el gobierno ataque abierta y definitivamente a la Iglesia Católica boliviana. “Nos preocupa que estos casos lamentables se instrumentalicen para perseguir políticamente a la Iglesia”, repitió Gallo. 

La crisis de abusos en Bolivia sigue proyectando su sombra sobre la Iglesia Católica en el país, especialmente sobre las víctimas, que han parecen buscar respuestas y justicia en vano. A medida que avanzan las investigaciones, y a pesar de los esfuerzos de la Iglesia, todo parece indicar que el camino a recorrer será muy largo.

En un panorama donde la fe se tambalea, Bolivia se enfrenta a una encrucijada dolorosa en la que la búsqueda de soluciones parece estar atrapada en un círculo vicioso de desconfianza, lagunas jurídicas, intereses económicos y presiones políticas.