Por Tyler Arnold
Un hombre declarado culpable de lanzar bombas incendiarias en la oficina de una organización provida en Madison, Wisconsin (Estados Unidos), fue sentenciado a más de siete años de cárcel el miércoles 10 de abril.
El hombre de 29 años, Hridindu Sankar Roychowdhury, se declaró culpable de un cargo por intentar causar daños mediante fuego o explosivos al colocar bombas incendiarias en la oficina de Wisconsin Family Action (WFA). El atentado, que tuvo lugar en mayo de 2022, ocurrió temprano por la mañana cuando la oficina estaba vacía, y no hubo heridos.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Roychowdhury lanzó su ataque pocos días después de que una persona no identificada filtrara un borrador del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos para revocar Roe v. Wade. En el ataque también se encontraron grafitis. Uno de estos decía: “si los abortos no son seguros, entonces ustedes tampoco están seguros”.
“El incendio provocado de Roychowdhury fue un acto de terrorismo interno”, expresó el fiscal federal para el distrito occidental de Wisconsin, Timothy M. O'Shea, en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia.
“El terrorismo interno es cobarde y profundamente antidemocrático. No es un discurso, no es un intercambio de ideas, más bien, es un intento de dañar o asustar a nuestros conciudadanos, separando así a los estadounidenses y debilitando el tejido de nuestra sociedad democrática”, añadió O'Shea.
Además, aseguró que el Departamento de Justicia, la fiscalía y las autoridades competentes “nunca dudarán en responsabilizar a los terroristas locales”.
Christine File, presidenta de WFA, se mostró decepcionada con la sentencia. La organización había recomendado que Roychowdhury fuera condenado a 15 años de prisión. Los cargos conllevaban una pena mínima de cinco años y una máxima de 20 años de prisión.
“El tribunal perdió una oportunidad de fortalecer la protección de derechos constitucionales como la libertad de expresión y el libre ejercicio, derechos que han sido atacados en los últimos años”, sostuvo en un comunicado reciente.
“El acto de terrorismo interno del acusado para amenazar a nuestra gente, familias y amigos, vecinos y comunidad provida en general es despreciable. En última instancia, el acusado (y otros que atacaron a grupos provida con los que no están de acuerdo) atacaron a nuestra sociedad civil y los derechos constitucionales que la sustentan”, agregó.
Además de su sentencia de 90 meses, Roychowdhury recibió tres años de libertad supervisada y una multa de 32.000 dólares.
“Dada la gravedad de su delito y los cargos de los que se declaró culpable, la sentencia carece de proporcionalidad. Sin embargo, como hemos dicho desde el día del ataque, ningún acto o amenaza de violencia o terrorismo nos disuadirá de nuestra misión: ser una voz para los que no tienen voz”, comentó a File.
Aumentan las amenazas a las organizaciones provida
Los ataques a organizaciones provida, iglesias y centros de embarazo provida han aumentado desde que se filtró el borrador de la Corte Suprema sobre la revocación de Roe v. Wade, según un rastreador de CNA, agencia en inglés de EWTN News. Al menos 115 organizaciones, incluidas 38 iglesias, han sido objeto de vandalismo en los últimos dos años con diversos grados de gravedad.
La mayoría de los actos de vandalismo no han quedado resueltos, lo que ha generado críticas al Departamento de Justicia y a la Oficina Federal de Investigaciones por parte de grupos católicos, organizaciones provida y legisladores republicanos.
El 9 de abril, CatholicVote envió una carta al Fiscal General Merrick Garland, criticando la falta de procesos judiciales y solicitando información sobre cómo el Departamento de Justicia pretende combatir estos ataques.
“Las iglesias católicas y los católicos tienen el derecho absoluto de practicar su fe y votar según sus conciencias”, escribió en la carta Brian Burch, presidente de CatholicVote.
Según Garland, el Departamento de Justicia ha dedicado todos los recursos disponibles a perseguir estos incidentes, pero la mayoría de las acciones ocurren de noche, lo que dificulta su resolución.
Por otro lado, varios activistas provida han sido condenados por obstruir el acceso a clínicas de aborto según lo estipulado por la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a las Clínicas (FACE). Algunos de estos activistas podrían enfrentar más de 10 años tras las rejas.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Tyler Arnold es reportero del National Catholic Register. Anteriormente trabajó en The Center Square y ha publicado en diversos medios, incluidos The Associated Press, National Review, The American Conservative y The Federalist.
