El abogado del Arzobispo de Salta (Argentina), Mons. Mario Antonio Cargnello, quien recientemente fue hallado culpable de ejercer “violencia de género” contra religiosas carmelitas de esa ciudad, aseguró que apeló a la resolución de la jueza y criticó el proceso de la justicia civil por estar “viciado”.
Se trata de un conflicto de larga data entre el Arzobispado y las religiosas que tiene como tema subyacente el fenómeno de las supuestas apariciones de la Virgen en Salta, que las carmelitas han apoyado desde sus inicios pero la Iglesia aún no reconoce.
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En ese marco, la jueza Cáceres Moreno consideró que las mujeres “han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica por un lapso de más de 20 años”.
Luego de atravesar varias instancias, incluida la intervención de la Santa Sede, el conflicto parece haber escalado durante algunos encuentros entre el Arzobispo Cargnello y las hermanas, lo que motivó la denuncia a la Justicia Civil.
El abogado Eduardo Romani, defensor de Mons. Cargnello en la causa iniciada por las religiosas carmelitas del Convento San Bernardo de la ciudad, consideró que la resolución de la jueza, que obliga al prelado, a un obispo emérito y dos sacerdotes a realizar un tratamiento psicológico y capacitaciones en temas de violencia de género, carece de fundamentos jurídicos.
“Estamos ante un proceso totalmente viciado donde se incumplieron las normas básicas establecidas para las cuestiones de género. Entendemos que la resolución excede las facultades otorgadas a la sra. jueza Cáceres Moreno, por lo que claramente incumplió con sus deberes”, dijo el Dr. Romani a Nuevo Diario de Salta, y aseguró que no cumple con la ley 7888, que regula la Protección contra la Violencia de Género.
Para el abogado, estos supuestos errores dejarían en claro que el tratamiento no fue justo, ni conforme a derecho, y consideró “que hubo prejuzgamiento desde el comienzo de la causa, como así también una marcada falta de respeto de parte de la magistrada quién en todo momento se dirigió de manera despectiva para con la máxima autoridad de la Iglesia en la provincia de Salta, cosa que no hizo con el resto de los involucrados en este proceso”.
“La situación claramente no fue agradable puesto que se transmitió lo sucedido en el proceso de manera tendenciosa. Hay que tener en consideración que se instaló de manera pública que Monseñor fue condenado por Violencia, lo cual no ocurrió”, aclaró, ya que estos juzgados “no tienen facultad para condenar e investigar la verdad de los hechos” por tratarse de la Justicia Civil y no Penal.
“Los jueces de Violencia de Género no tienen facultades condenatorias y únicamente pueden aplicar medidas preventivas, que es lo que sucedió en definitiva”, subrayó.
Al valorar la importancia de la erradicación de la violencia, especialmente la vinculada a las mujeres, el defensor consideró que en este proceso en concreto se “banaliza y desnaturaliza la normativa vigente”.
“Esto nos parece en extremo grave para toda mujer que se encuentre ante una situación real de violencia. Las leyes están para cumplirse y una Magistrada no puede hacer oídos sordos a la misma”, concluyó Romani, quien ya hizo efectiva la apelación al fallo.
“Estamos ante una sentencia nula desde todo punto de vista, donde vergonzosamente encontramos innumerables cantidades de páginas que responden a un copie y pegue de doctrina, leyes y demás cuestiones, con un lenguaje muy pobre es su redacción y fundamentos, lo que realmente preocupa por la liviandad con la que la magistrada Cáceres Moreno aborda una cuestión tan trascendente como lo es la violencia de género”, protestó.