Diferentes organizaciones de la Iglesia Católica en España piden a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados que tomen en consideración una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la regularización extraordinaria de personas extranjeras cuya situación en el país no es conforme a la ley.
La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas Española, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) firman un comunicado conjunto difundido este viernes con el que impulsan esta propuesta legislativa respaldada por más de 700.000 ciudadanos.
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La ILP es un instrumento legislativo previsto en la Constitución Española por el que los ciudadanos pueden impulsar una nueva norma con el respaldo mínimo de 500.000 ciudadanos.
Impulsada desde el año 2021, fue registrada en el Congreso el pasado mes de diciembre y, tras los preceptivos trámites, está previsto que el debate para su toma en consideración tenga lugar el próximo martes.
Las entidades que firman el comunicado conjunto, temen que la propuesta “ni siquiera llegue a ser debatida” por los representantes políticos lo que “resultaría incomprensible”.
“Los partidos políticos han de decidir si la toman en consideración, abriendo un periodo sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o por el contrario rechazan y ponen fin a su tramitación antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella”, inciden en el texto.
Apoyo del presidente de la CEE
El presidente de la CEE y Arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello, expresó este jueves a través de X que “Los diputados han de lograr acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia. La inmigración lo es. Sería absurdo que se impidiera este debate”.
A su juicio, “estamos acostumbrándonos a unas Cortes que no dialogan en la búsqueda de acuerdos, o de nombrar los desacuerdos. Queremos que nuestros representantes dialoguen y acuerden unas bases mínimas de ‘regulación’ de personas que viven aquí varios años. Todo, menos rechazar dialogar”.
Estamos acostumbrándonos a unas Cortes que no dialogan en la búsqueda de acuerdos, o de nombrar los desacuerdos. Queremos que nuestros representantes dialoguen y acuerden unas bases mínimas de “regulación” de personas que viven aquí varios años. Todo, menos rechazar dialogar.
— Mons. Luis Argüello (@MonsArguello) April 4, 2024
¿Qué propone la ILP para una regularización extraordinaria de migrantes en España?
Los promotores de la ILP sostienen que en España hay entre 390.0000 y 470.00 personas extranjeras en situación irregular, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. A su entender, “el sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería LO 4/2000 resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes”.
En la ILP se defiende que esto se debe, por un lado, a que los requisitos de acceso a la residencia son “altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento” y, por otro, a que “el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad”.
Tres son las razones que se alegan para justificar la regularización extraordinaria que se solicita. La primera es que “la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad”.
En segundo lugar, se apela a que “la irregularidad impide a muchos migrantes contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad”, de tal manera que “una regularización afloraría, rápida y eficazmente, el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones de empleados y empleadores al sistema de Seguridad Social”.
En tercer lugar, se defiende que “la existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir”.
Por todo ello, la ILP pretende instar al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses desde su aprobación, de “un procedimiento reglamentario para una regularización extraordinaria” que afectaría a los extranjeros residentes en España en situación irregular antes del 1 de noviembre de 2021.
Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.
