El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) teme que el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), restrinja pronto el ejercicio de este derecho fundamental, a pesar de haber elevado recientemente el rango administrativo del departamento encargado de este área.
La pasada semana, el Ejecutivo elevó a la categoría de Dirección General la que hasta ahora era la Subdirección General de Libertad Religiosa, manteniendo al frente del departamento a Mercedes Murillo.
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La diferencia básica entre ambas categorías es que para acceder a una Dirección General no es necesario que la persona designada sea funcionario del Estado, por lo que se convierte en un puesto con marcado carácter político.
En declaraciones a ACI Prensa, la presidenta del OLRC, María García, asegura que, pese a que elevar el rango de este área es una buena noticia desde el punto de vista del organigrama del Gobierno, “dados los antecedentes de este Ejecutivo no confiamos en sus intenciones”.
El Gobierno de Pedro Sánchez, añade, “ha atacado de manera constante el derecho fundamental a la libertad religiosa y tememos que este nuevo organismo sirva para discriminar aún más a los creyentes, en especial a los cristianos”.
En el horizonte, está la intención de los grupos políticos que sustentan al Gobierno de elaborar una nueva ley de libertad religiosa. García denuncia que esta norma “implicará casi con total seguridad la eliminación de la asignatura de Religión en los colegios”. Esta posibilidad, añade la experta, está “en contra del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos según sus convicciones y de los acuerdos con las diferentes confesiones religiosas”.
Para el OLRC, una nueva norma sobre libertad religiosa elaborada por el Ejecutivo socialcomunista presidido por Pedro Sánchez supondría “una limitación mayor de este derecho fundamental”.
Otra consecuencia derivada de la creación de la Dirección General de Libertad Religiosa podría ser, a juicio de María García, un incremento en el presupuesto destinado a la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE.
“Con un aumento presupuestario, la fundación podrá seguir discriminando a los católicos, pero aún con más medios”, denuncia García, que se refiere a que esta organización fue creada “en beneficio de las confesiones religiosas no católicas con acuerdo de cooperación con el Estado español o que hayan obtenido la correspondiente declaración de notorio arraigo”, según se detalla en sus estatutos.
La nueva Directora General, Mercedes Murillo, forma parte del patronato de la Fundación Pluralismo y Convivencia por razón de su desempeño en la administración.
Murillo es además miembro de la Asociación Laicidad y Libertades, cuyo fin declarado es “contribuir a la progresiva desconfesionalización del Derecho y del Estado para alcanzar su neutralidad ideológica, ética y religiosa, excepción hecha de la moral laica”.