Mary E. Harned, académica del Instituto Charles Lozier, el brazo de investigación de SBA Pro-Life America en Estados Unidos, presentó un amicus curiae (opinión jurídica) en nombre de su entidad ante la Corte Constitucional del Ecuador, en apoyo a la ley que limita el aborto en el país.
Este documento fue presentado el 19 de febrero en medio de controversias legales sobre el futuro de la ley que regula el aborto en casos de violación en el país, la cual fue aprobada en febrero de 2022 por la Asamblea Nacional. Desde su aprobación, los jueces de la Corte Constitucional han intentado introducir enmiendas a la ley para liberalizar esta práctica.
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De acuerdo al amicus curiae, el Instituto Lozier respalda tres disposiciones de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo (LORIVE). En primer lugar, el requisito de realización de ecografías antes de tomar decisiones sobre el aborto, un límite de edad gestacional de 12 semanas para el aborto, y finalmente una prohibición de la mercantilización de restos fetales posteriores al aborto.
El informe sostiene que es necesario realizar una ecografía “para proteger la salud de una mujer que esté considerando abortar”.
“Es fundamental que se realice una evaluación precisa de la gestación y la ubicación del embarazo (es decir, que el no nacido se encuentre en el útero) antes del aborto, y una ecografía es el mejor medio para hacer esa determinación. Los peligros para las mujeres derivados del aborto quirúrgico son resumidos por la Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos Pro Vida (AAPLOG)”, indica.
En relación con el límite de las 12 semanas, el informe argumenta que “es un hecho científico que un ser humano único se forma en el momento de la concepción”, y destaca que a las 12 semanas, el corazón del feto “ha latido más de 10 millones de veces” y muestra “actividad extremadamente activa con comportamientos complejos que incluyen chuparse el dedo, bostezar, tragar, estirarse, cerrar pequeños puños y rascarse la cabeza”.
“Considerando el avanzado desarrollo del feto a las 12 semanas y la práctica habitual en todo el mundo de establecer límites gestacionales al aborto y restringirlo a circunstancias específicas”, continúa el informe, “la limitación gestacional de 12 semanas de la LORIVE y la restricción a casos de violación son médicamente y legalmente justificados”.
El Instituto Lozier también expresó su oposición a permitir la utilización de restos fetales en transferencias de órganos u otros fines relacionados, argumentando que “es fundamental evitar la mercantilización de los cuerpos de los bebés no nacidos, lo que podría generar presión para abortar”.
“Basándonos en las razones expuestas anteriormente, respaldamos plenamente la LORIVE y pedimos respetuosamente a esta Corte que la defienda como ley en Ecuador. Asimismo, solicitamos que se considere nuestra postura en la audiencia pública, para la cual designaremos un representante”, concluyó.