La Diputada Nacional argentina del partido La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, presentó un proyecto para derogar la Ley 27.610 de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”, es decir la ley del aborto.
El proyecto fue dado a conocer este miércoles 7 de febrero, en un contexto convulsionado en materia legislativa, luego del regreso a comisión del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocido como “Ley Ómnibus”, que había sido presentado por el presidente Javier Milei pero no tuvo el consenso necesario en la Cámara de Diputados.
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El proyecto de la legisladora Bonacci lleva también la firma de Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago, presidente del bloque libertario, aunque su autora admitió que “no son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto”.
La explicación surgió luego de que en las redes sociales la acusaran de “falsificar” las firmas de los legisladores que aparecen en el proyecto. La propia Lilia Lemoine se desligó del mismo.
"Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era el momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", manifestó la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en diálogo con el medio Corta.
El proyecto para derogar la ley de aborto
En sus artículos, el proyecto plantea la reclusión o prisión de entre tres y diez años si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer. “Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, detalla el texto.
La pena será “reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”, propone. “El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, agrega.
La iniciativa también incluye la modificación del artículo 86 que se refiere a los especialistas que hagan abortos: “Sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.
El proyecto prevé que no sea punible el aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la embarazada, si existiera “peligro inminente para la vida de la madre” siempre que ese peligro “no pueda ser evitado por otros medios”.
La propuesta busca “eliminar la injusta y arbitraria distinción” que penaliza sólo los abortos a partir de la semana 14 de gestación, distinción que crea “categorías de personas”.
También propone un cambio en el artículo 88: “Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare.La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”, plantea.
En el caso de embarazos producto de una violación, el proyecto busca “eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica”, al tiempo que considera que “no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”.
Entre los fundamentos, se contempla el comienzo de la vida humana “desde el instante de la fecundación”, y aclara que “la dependencia que tiene este nuevo ser respecto de su madre no anula su condición de individuo”.
El gobierno se desvinculó de la iniciativa
En la mañana del jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, desvinculó al Gobierno y a la figura de Javier Milei del proyecto impulsado por la diputada Bonacci, argumentando que “es una discusión legislativa, no es parte de la agenda del Presidente”.
“No ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, señaló el funcionario.
En noviembre de 2023, días antes de las elecciones que llevaron a la presidencia a Javier Milei, su entonces candidata a Vicepresidente, Victoria Villarruel, había declarado ante el canal televisivo TN: "Nosotros somos pro vida, para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto".
Sin embargo, aclaró que es un tema que “no tiene tanta urgencia considerando que la economía está totalmente desorbitada y vos no podés ni comerciar, ni vivir, no podés alquilar, y además no tenés seguridad”.
Cuestionada por considerar que no es un tiempo propicio para presentar esta propuesta, la diputada Bonacci aclaró que se trata de una iniciativa personal. Consultada sobre la autorización de Milei para presentar el proyecto, expresó: "Los diputados pueden y deben presentar proyectos. No sabía que tenía que pedir permiso para proceder".
Adhesión provida al proyecto
La agrupación provida Frente Joven se pronunció en sus redes sociales con un comunicado a favor del proyecto de ley, asegurando que “siempre es momento para derogar la ley más nefasta de la historia de nuestro país”.
La agrupación manifestó que “tanto el dolor de la pobreza, el hambre, como así también la desgarradora realidad del aborto, son urgencias a atender sin dilaciones ni mezquindades. Todo debe ser prioritario”.
Tras mencionar los más de 100.000 abortos por año que se realizaron en Argentina desde la aprobación de la Ley 27.610, señaló que esta legislación “no ayuda a nadie sino que oculta los verdaderos problemas de las mujeres argentinas”.
Asimismo, renovó su compromiso de lucha para combatir el aborto y acompañar a las embarazadas más vulnerables. “Hoy y siempre estará nuestro compromiso por las 2 vidas: por la mujer embarazada y el niño por nacer”, concluyó.