Con motivo de la inauguración del año escolar en Bolivia, el área de Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar el tema del cierre del Instituto Normal Superior Católico Sedes Sapientiae.
El presidente del área, Mons. Fernando Bascopé, anunció que presentarán acciones legales para que la CIDH examine la situación y las presuntas violaciones a los derechos fundamentales en las que habría incurrido el Estado al cerrar el instituto.
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La clausura se produjo en 2010, a raíz de la promulgación de la Ley de Educación, que perseguía el propósito de nacionalizar la formación.
En ese contexto, se ordenó el cierre de dos escuelas para maestros gestionadas por la Iglesia Católica y los adventistas. La ley prohíbe también la creación de cualquier institución privada que ofrezca títulos académicos de enseñanza.
La conferencia de prensa tuvo lugar este lunes en el Auditórium Juan Pablo II de la CEB, donde acompañado por el secretario ejecutivo, Jorge Fernández, Mons. Bascopé compartió la posición de la Iglesia Católica ante esta situación.
En ese marco, el prelado leyó una serie de violaciones a los derechos fundamentales que se produjeron como consecuencia del cierre del instituto de formación de maestros.
En primer lugar, mencionó la violación al derecho a la libertad educacional, ya que “el Estado boliviano, al impedir a la Iglesia abrir su escuela normal, está infringiendo el derecho a la libertad educacional”; y la violación al derecho a la educación, ya que “la clausura del Instituto Normal Católico Sedes Sapientiae limita el acceso de aquellos que deseen recibir una educación católica, atentando contra el derecho a la educación de quienes buscan una formación en concordancia con sus convicciones filosóficas, pedagógicas y religiosas”.
Por otra parte, se refirió a la violación a la libertad religiosa, ya que “el cierre de la institución afecta indebidamente la autonomía de la Iglesia para perseguir sus fines propios, que incluye la educación religiosa, y todas las acciones inherentes a ella”, lo cual “impone restricciones que socavan la posibilidad de transmitir conocimientos desde la filosofía y el magisterio católico”.
Por tal motivo, instó a las autoridades pertinentes “a revisar esta situación y garantizar el respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Bolivia”.
“La libertad educativa y religiosa enriquece la sociedad, y es crucial proteger y promover la pluralidad en el ámbito educativo”, afirmó, poniendo en manos de Jesús Maestro “el éxito de esta gestión escolar y la posibilidad de una reapertura de la Normal Católica”.