El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. César García Magán, ha criticado la “auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica española” que fue encargada al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo en el año 2022 y entregado en diciembre de 2023.
En una entrevista publicada en el diario ABC, el portavoz episcopal llega a afirmar incluso que “el informe de auditoría del bufete Cremades & Calvo Sotelo no es el informe de la Iglesia. Es una herramienta de la cual nos hemos servido, como de otras”.
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Aunque Mons. García Magán destaca en algún momento de la conversación que se trata de “un trabajo profesional y serio” realizado por un equipo elegido por completo por la firma legal, no deja de abordar algunas de las polémicas que lo han rodeado.
Así, critica que la entrega final del documento algunos de los contenidos “no se adecuaban” al esquema pactado con la CEE cuando se realizó el encargo, al tiempo que ha incidido en que “han sido nueve meses de retraso y con reiteradas fechas de compromiso que se iban incumpliendo”.
Por otro lado, respecto de la acusación de “encubrimiento” contenida en el informe que señala a las diócesis españolas, el también secretario general de la CEE defiende que “hacer afirmaciones generales siempre tiene su riesgo”. En este sentido además ha asegurado que las condenas civiles por responsabilidad civil subsidiaria contra los obispados son “mínimas”.
Mons. García Magán también ha desvelado que, aunque el despacho había asumido el encargo pro bono (en la práctica, sin retribución de honorarios) la CEE ha desembolsado más de un millón de euros al despacho de abogados.
“El encargo, como se dijo al principio, era pro bono. La situación no ha cambiado de iure [legalmente], pero sí de facto [de hecho]. Llevamos pagados más de un millón de euros”, ha reconocido.
“El pasado septiembre, como el informe de auditoría se tenía que haber entregado en marzo del 23 y ya habían pasado seis meses, se acordó y por escrito, que eran las últimas facturas y estaba cerrado el tema”, ha especificado, pese a lo cual el despacho sigue enviando facturas al órgano de coordinación episcopal.
Abiertos a un acto público de perdón
Mons. García Magán, quien adelanta que está previsto aprobar el plan de reparación económica el próximo mes de marzo, de momento descartó un acto público de perdón, aunque, admitió “es un tema que está abierto”.
Por otro lado, el portavoz episcopal se muestra convencido de que, pese al interés informativo por el número de víctimas, “una conclusión que se saca de los distintos informes, es que es muy difícil determinar el número exacto”.
Disputa con el Defensor del Pueblo
El prelado también se pronunció sobre otro informe sobre abusos, el que fue presentado por el Defensor del Pueblo en octubre de 2023, que incluye una encuesta según la cual, con datos extrapolados, habría 400.000 víctimas de abusos perpetrados en el seno de la Iglesia Católica.
El portavoz precisó que, tanto el autor de la encuesta como la oficina del Defensor del Pueblo “dijeron que no cabían esas extrapolaciones”.
Además, denunció respecto de la encuesta que “faltan datos técnicos del muestreo, del tipo de preguntas que se hicieron” y que pese a haberlos pedido, no se les han facilitado. “[La Oficina de] Transparencia y el Defensor del Pueblo ha dicho que no nos daba nada y que podemos recurrir a la Audiencia Nacional”, ha concluido.