Ante la inminente creación y entrada en vigencia desde comienzos del próximo año de una ley que equipararía plenamente las uniones de personas homosexuales con el matrimonio, la Conferencia Episcopal Española (CEE) emitió una declaración donde expresa su rechazo a la iniciativa por el peligro que acarrea para la persona, la sociedad y el orden jurídico; y hace una enérgica defensa del auténtico matrimonio.

En su reunión del jueves 15 de julio de 2004, los obispos miembros del Comité Ejecutivo de la CEE aprobaron la Nota titulada “En favor del verdadero matrimonio”, en la que ofrecen sus reflexiones a toda la sociedad, a los feligreses y, de modo particular, a los parlamentarios católicos.

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En la Nota, el Comité reconoce la “dignidad inalienable” de todos los homosexuales y, por lo tanto, los mismos derechos que cualquier ciudadano. Tras afirmar que “como cristianos están llamados a participar en la vida y en la misión de la Iglesia”, el Comité condena “expresiones y comportamientos que lesionen la dignidad de estas personas y de sus derechos”.

Sin embargo, los obispos aclaran que “ante la inusitada innovación legal anunciada”, tienen el deber de recordar que “el matrimonio no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo”. De ahí, que “a dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer matrimonio entre ellas” y que el Estado, por lo tanto, “no puede reconocer este derecho inexistente, a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades y que dañará, sin duda, muy seriamente el bien común”.

Razones antropológicas, sociales y jurídicas

Los obispos señalan que desde un punto de vista antropológico, "los significados unitivo y procreativo de la sexualidad se fundamentan en la realidad antropológica de la diferencia sexual y de la vocación al amor que nace de ella, abierta a la fecundidad". En cambio, "las relaciones homosexuales, al no expresar el valor antropológico de la diferencia sexual, no realizan la complementariedad de los sexos, ni pueden engendrar nuevos hijos".

Por ello –añaden los prelados–, "el bien superior de los niños exige, por supuesto, que no sean encargados a los laboratorios, pero tampoco adoptados por parte de uniones de uniones de personas del mismo sexo".

Desde un punto de vista social, los Prelados recuerdan el deber del Estado de reconocer, tutelar y promover el único y verdadero matrimonio, institución esta "más primordial que el Estado mismo, inscrita en la naturaleza de la persona como ser social". En este sentido, "la historia universal lo confirma: ninguna sociedad ha dado a las relaciones homosexuales el reconocimiento jurídico de la institución matrimonial".

“Si el Estado procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afectada. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el sistema económico. De igual manera, equipar las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios, es introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social”, afirma la Nota.

Los obispos resaltaron que “se alegan razones de tipo jurídico para la creación de la ficción legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se dice que ésta sería la única forma de evitar que no pudieran disfrutar de ciertos derechos, que les corresponden en cuantos ciudadanos. En realidad, lo justo es que acudan al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco”.

De este modo, el Comité episcopal piensa que “el reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales y, más aún, su equiparación con el matrimonio, constituiría un error y una injusticia de muy negativas consecuencias para el bien común y el futuro de la sociedad”.

Llamado a los parlamentarios católicos

Por todo ello y reconociendo a la legítima autoridad su derecho para regular la vida social, los obispos españoles exhortaron “en especial a los católicos, a hacer todo lo que legítimamente se encuentre en sus manos en nuestro sistema democrático para que las leyes de nuestro País resulten favorables al único verdadero matrimonio”.

“El parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley’ que pretenda legalizar de algún modo las uniones homosexuales”, agregaron.

Al final de la Nota, los obispos afirman que la Iglesia "reconoce el valor sagrado de todo matrimonio verdadero, también del que contraen quienes no profesan nuestra fe" y reiteran su compromiso para "fortalecer la institución matrimonial", a la vez que reclaman para las personas homosexuales respeto y acogida con amor.

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