Luego de que la sociedad chilena rechazara este domingo la segunda propuesta de reforma constitucional, la Conferencia Episcopal de Chile hizo un llamado a utilizar la actual Constitución como marco para la vida política y social, y mencionó los retos más urgentes que demandarán acuerdos.
El comunicado, firmado por el Comité Permanente del Episcopado, anima a aceptar la soberanía popular, expresada en las urnas este fin de semana: “Todos estamos llamados a enmarcar nuestra vida política y social bajo la Constitución política vigente, con estricto respeto al estado de derecho y a las normas democráticas que nos rigen”.
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Al referirse a los procesos constitucionales de 2022 y 2023, el Episcopado consideró que “la mayoría de los chilenos valoran los acuerdos y los grandes consensos en materia social y política, y esperan que sus líderes avancen por esa senda”.
“Los últimos años han estado marcados por la polarización y la fragmentación, provocando en la población un distanciamiento y desvalorización de la vida política, lo que no hace bien a uestra democracia”, advirtieron los obispos.
En ese sentido, reiteraron la necesidad de disponerse “a avanzar juntos, abordando con premura los urgentes desafíos sociales y políticos que Chile tiene”, superando para ello las diferencias.
Indicaron que los desafíos más urgentes tienen que ver con la seguridad, la salud, las pensiones, el crecimiento económico, la educación “y todo lo que contribuya a un clima de mayor paz y relaciones más justas entre nosotros”.
“Ante estos retos, la respuesta de los dirigentes políticos no puede ser vivir enfrentados unos contra otros, sino alcanzar acuerdos que vayan en favor de todos, especialmente de los más pobres y postergados”, señalaron.
Finalmente, desearon “que la próxima fiesta de Navidad nos ayude a redescubrir nuestros lazos fraternos y nuestro destino común como pueblo, unidos a toda la familia humana redimida por el Señor”, y confiaron a la intercesión de la Virgen del Carmen “los caminos de Chile”.
Luego del estallido social de 2019 en Chile, casi el 80% de la población se manifestó a favor de reformar la Carta Magna, que data de 1980, elaborada durante el gobierno de Augusto Pinochet (1973-1990).
Sin embargo, el pueblo se opuso a la primera propuesta, elaborada entre 2021 y 2022, y sometida a plebiscito en septiembre de ese año, que se caracterizaba por un enfoque plurinacional y ecológico, y privilegiaba a “grupos históricamente excluidos”. Además, abría las puertas de la ley al aborto y a la eutanasia.
El proyecto recibió un 61.86 % de votos en contra.
En mayo de 2023, los chilenos eligieron a los nuevos miembros del Consejo Constitucional que se encargaría de redactar la segunda propuesta, resultando ganador el Partido Republicano, que es opositor al gobierno de izquierda de Gabriel Boric, que quedó segundo.
El nuevo proyecto se oponía en líneas generales al presentado en 2022: planteaba la defensa de la vida de quien está por nacer y habilitaba la objeción de conciencia en la práctica del aborto; además, proponía la eliminación del impuesto a la vivienda y la expulsión de inmigrantes ilegales.
También promovía el respeto a los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas; planteaba sustituir la prisión de los detenidos por delitos de lesa humanidad por una reclusión domiciliaria en caso de enfermedad terminal; y limitar el derecho a huelga.
Pese a la apatía de los chilenos con el proceso, reflejada en la baja participación (84,5%) en el plebiscito, la propuesta recibió más del 55% de votos en contra.
El gobierno de Gabriel Boric anunció que en su mandato no se volverá a abrir el proceso de reforma constitucional, debido a que el país presenta otras urgencias a resolver. Mientras tanto, seguirá vigente la Constitución de 1980.