El Congreso de Aguascalientes (México) aprobó durante la madrugada del viernes 15 de diciembre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo, algo que el Frente Nacional por la Familia calificó como un acto que legaliza “la industria y el negocio de la muerte”.
La resolución se llevó a cabo en una sesión privada, mediante una votación cuyos detalles aún no han sido públicamente revelados.
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Alan David Capetillo Salas, especialista en Derecho Constitucional y vocero del Frente Nacional por la Familia (FNF) en Aguascalientes, indicó a ACI Prensa que “los representantes públicos jamás deben esconderse y mucho menos para legislar. Hicieran lo que hicieran, su responsabilidad era dar la cara y hacerlo de frente a la sociedad”.
Esta decisión podría implicar la derogación de los artículos del Código Penal en los que se castiga el procedimiento del aborto, siguiendo la línea de una resolución emitida el pasado 30 de agosto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Código determina en su númeral 101 que el delito de “aborto doloso” es la “interrupción del embarazo con el consentimiento y en cualquier momento de la preñez, ya sea que lo realice la propia persona embarazada u otra persona con dicho consentimiento”.
El artículo 102 estipula la pena para quien ayude a realizar un “aborto doloso”, y en el 103 se marca como exclusión que no habría sanción en caso de que “la mujer embarazada corra grave peligro de muerte, a juicio de un médico”.
La SCJN consideró estos artículos como “inconstitucionales”, porque supuestamente conllevan “la total supresión del derecho constitucional a elegir de las mujeres y personas con capacidad de gestar y con ello su derecho a la salud y a la igualdad y no discriminación”.
Capetillo Salas criticó la aparente "captura ideológica de la Suprema Corte" y acusó a los diputados de Aguascalientes de "incoherencia y cobardía para defender los principios por los que pidieron ser votados”.
El vocero del FNF advirtió que este tipo de legislaciones se basan frecuentemente en la “mentira” de que hay mujeres en prisión por el delito de aborto. “Lo cierto es que en Aguascalientes nunca ha habido mujeres en la cárcel por abortar”, aseguró.
Además, expresó su preocupación, pues considera que esta medida "banaliza la vida del no nacido y la sexualidad de las mujeres".
Finalmente, el líder provida hizo un llamado a “castigar con el voto a todos los diputados que defraudaron la confianza de los ciudadanos”.
Actualmente hay una iniciativa en la plataforma de recolección de firma Actívate para exigirle a la gobernadora Tere Jiménez que, “en virtud de la Constitución de Aguascalientes, vete la ley aprobada de manera irregular por los diputados respecto al aborto”.