El albergue La Sagrada Familia, ubicado en el municipio Apizaco y dependiente de la Diócesis de Tlaxcala, en el centro del país, negó “rotundamente” las acusaciones que han circulado en algunos medios de comunicación respecto a la muerte de un migrante en sus instalaciones.
Según informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la muerte del migrante ocurrió en un vagón de tren que cruza el estado el pasado 13 de diciembre de 2023.
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Dirigido por Sergio Luna Cuatlapantzi, La Sagrada Familia lamentó la pérdida de esta vida y al mismo tiempo declaró desconocer “totalmente cómo acontecieron los hechos”.
A través de un comunicado, la institución expresó: "Negamos rotundamente que este hecho se haya suscitado dentro de las instalaciones del albergue La Sagrada Familia, como algunos medios lo han sugerido, lamentablemente".
Con su aclaración, indica el albergue, se responde a "algunos medios de comunicación” que “difundieron información falsa sin corroborar con nosotros tales señalamientos".
“En dicha información refieren que el suceso derivó de una riña dentro de nuestras instalaciones, de la cual habría tenido como resultado la muerte de la persona”, señala, calificando este relato como “desinformación”.
La Sagrada Familia, parte de la Red de Albergues de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, vinculada a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), subraya que cuenta con un sistema de videovigilancia en “constante monitoreo” en sus instalaciones.
Además informó que el espacio dispone de “una serie de protocolos para la atención de las personas”, así como reglamentos “que tienen como finalidad prevenir este tipo de incidentes al interior de nuestras instalaciones que tienen el objetivo de salvaguardar a las personas migrantes en su paso por el albergue”.
La “desinformación”, advirtió, “daña nuestra labor como defensores de derechos humanos, demeritando el trabajo que realizamos, abonando a la criminalización y estigma de las personas migrantes”.
Finalmente, el albergue hizo un llamado a las autoridades para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y, en su caso, se sancione “a quien o quienes resulten responsables”.