Tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Panamá, que declaró inconstitucional el controvertido contrato-ley para la extracción de cobre en una zona boscosa del Caribe panameño, la Iglesia Católica manifestó “gran esperanza” por el papel activo de las comunidades, “ante el avance del modelo extractivista de la minería que afecta gravemente” al país.
Después de más de un mes de intensas manifestaciones y protestas contra el contrato-ley entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, la Corte Suprema de Panamá tomó la decisión este 28 de noviembre de declarar inconstitucional dicho acuerdo.
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El contrato, aprobado el 20 de octubre, desencadenó bloqueos comerciales en todo el país y generó pérdidas humanas durante los enfrentamientos y bloqueos de carreteras.
La Conferencia Episcopal Panameña (CEP), presidida por el Obispo de Chitré, Mons. Rafael Valdivieso, emitió un comunicado haciendo un llamado para que en esta nueva etapa la “escucha y apertura generosa” logre “alcanzar la justicia social y construir un país inclusivo para todos”.
“Es de vital importancia incorporar”, menciona el mensaje, “a algunos líderes de los grupos que han manifestado públicamente su desacuerdo con la explotación minera en nuestro país. De esa manera se reafirma la voluntad de buscar el bienestar de todos, y garantizar la convivencia social pacífica”.
En este sentido, los obispos exhortan a las autoridades a proporcionar información “oportuna y debidamente sobre el proceso que se desarrollará, a partir de este momento con relación a la minería y sus consecuencias en la vida de las comunidades y de sus territorios”.
En el mensaje, la CEP destaca el derecho fundamental de la ciudadanía a estar “informada de una manera clara, sencilla y transparente”, así como a “tener una amplia participación” en el proceso de negociación del cierre de las minas.
Los obispos panameños también se comprometen a “seguir acompañando” a los movimientos en contra de la explotación minera, promover la “conciencia de ecología integral en todas las parroquias”, así como asistir a los “afectados por los peligros de contaminación de la minería en las comunidades”.