El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Cardenal Juan José Omella, reiteró su pedido de perdón a las víctimas de abusos y calificó de “disparate” la manipulación que han hecho algunos medios de las cifras del informe del Defensor del Pueblo.
También ha alentado al gobierno a trabajar por el bien de España para superar el clima de crispación actual.
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En un discurso al iniciar la 123a Asamblea plenaria del Episcopado español, en el que tocó este y otros temas como la educación de los jóvenes y la problemática de la migración, el purpurado se refirió al documento del Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, entregado el 27 de octubre a la presidenta de las Cortes Generales, Francisca Armengol, titulado Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Una respuesta necesaria.
Tras señalar que el reporte de más de 770 páginas llenó “de tristeza” a los obispos, el también Arzobispo de Barcelona resaltó: “Con franqueza y sin rodeos, manifestamos que entendemos y valoramos completamente el daño causado. Como en otras ocasiones, queremos expresar sin ambages la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio”.
“Nuevamente pedimos perdón a todas las personas que han sufrido debido a estas execrables acciones, especialmente a las víctimas y sus familias. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lamentamos su dolor, así como la traición cometida por parte de algunos miembros de nuestras comunidades”, continuó.
Luego de explicar que permanentemente revisan y endurecen los protocolos eclesiales, y después de destacar que la Iglesia Católica es la “entidad más comprometida y con más experiencia de la sociedad española para acabar con esta lacra social”, cuestionó el trato que ésta ha tenido en los medios.
“¿Qué finalidad hay detrás de este disparate?”
El Cardenal Omella explicó que la Iglesia en España colaboró con “toda la información de la que disponía” para el citado informe, considerando “valiosas las recomendaciones propuestas”.
Sin embargo, sostuvo que los obispos se han sentido “obligados a manifestar el dolor y el malestar” que han “sufrido ante la difamación pública causada por una intencionada y errónea extrapolación, realizada por algunos medios de comunicación, a partir de un dato de una encuesta llevada a cabo por la firma GAD3 y publicada en el Informe del Defensor del Pueblo”.
“Expresamos nuestra intensa decepción por la citada extrapolación y por la dudosa fiabilidad de los resultados presentados de dicha encuesta. Dicha infundada e intencionada extrapolación condujo a algunos medios de comunicación a la exorbitante afirmación de que en España hay casi medio millón de abusados por ministros ordenados y consagrados de la Iglesia; cuando lo único cierto y contrastado es que el Defensor del Pueblo ha recogido 373 testimonios que se refieren a 487 víctimas”, prosiguió el purpurado.
“Una extrapolación que el Defensor del Pueblo en reiteradas ocasiones afirmó que no se podía hacer y que muchos técnicos así lo han confirmado durante las últimas semanas”, sentenció.
En ese sentido, el Cardenal Omella cuestionó: “¿Qué finalidad hay detrás de este disparate? Es especialmente preocupante para nosotros que esto haya generado una imagen perjudicial de nuestra misión en general. Es injusto que se les atribuya el mal causado por una minoría. Dicha situación es inaceptable y exige una revisión exhaustiva e imparcial de los datos, para corregir cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa”.
Algunas cifras del informe del Defensor del Pueblo
El informe del Defensor del Pueblo asegura que, según una encuesta realizada a más de 8.000 personas, “el abuso sexual infantil cometido en un ámbito religioso es un problema que ha afectado en España a un 1,13% de las personas adultas”.
Este porcentaje extrapolado supone que en España habría más de 400.000 personas adultas que habrían sido víctimas de abuso en el ámbito religioso en sentido amplio, lo que implica que los victimarios serían también profesores o catequistas, entre otros, en parroquias, colegios o campamentos.
Además, afirma que “el porcentaje de personas adultas que fueron víctimas de abusos cometidos por un sacerdote o religioso católico es inferior, un 0,6%, cifra similar a la encontrada en estudios realizados en otros países”. Este porcentaje equivaldría a unas 200.000 personas adultas.
Según esa encuesta, la mayoría de los que habrían sufrido los abusos serían varones (64,6%). Por otro lado, se aprecia que “el hecho de que la prevalencia disminuya en las edades más jóvenes indica una tendencia decreciente a partir de los años sesenta y setenta, en los que se produjeron el mayor número de abusos”.
“Las encuestas no son fiables”
En su discurso, el purpurado español comenta: “Hemos revisado la información sobre la referida encuesta que aporta el Defensor del Pueblo en su informe y, francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad de tales resultados”.
En una nota al pie del discurso, se precisa que “las encuestas no son fiables porque no hay forma de confirmar la veracidad de la respuesta, más en este caso por la elevada diferencia entre las llamadas telefónicas hechas 113.126, los que se prestaron a contestar el cuestionario y las entrevistas telefónicas finalmente realizadas, 4.802”.
“La desproporción es descomunal y demuestra que una parte desconocida de los que se avinieron a ser entrevistados tenían interés en ello. Lamentable, GAD3 no introdujo preguntas de control de sesgo ideológico”, agrega.
“Otras preguntas de control necesarias eran el recuerdo e intención de voto y su comparación con el total, y los medios de comunicación mediante los que se accede a la información. Al faltar estos elementos, no existe ninguna garantía sobre la representatividad de la muestra y carece de significación valorable”, prosigue la explicación a pie de página.
En su discurso, el Cardenal Omella reiteró la voluntad de los obispos de luchar contra toda clase de abusos y resaltó: “Permanecen intactas nuestra estima y consideración hacia los sacerdotes y religiosos de nuestra Iglesia. Los obispos queremos ofrecer nuestro apoyo a todos ellos”.
La actual situación política en España
El Arzobispo de Barcelona pidió a “los dirigentes políticos y a los líderes sociales y de opinión que pongan todo lo que esté de su mano para bajar el clima de crispación social”, trabajando “en todo momento en favor del interés general, favoreciendo la comunión y potenciando siempre lo que nos une, lo bueno, lo bello, lo que beneficia al bien común de toda la ciudadanía de este hermoso país”.
También hizo un llamado al “diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española sin cordones sanitarios ni exclusiones. Todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de Poderes de nuestra democracia, aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978, que culminó el intenso camino de la Transición”.
“Cualquier acuerdo que trate de modificar el statu quo pactado por todos los españoles en la Constitución de 1978 debería contar no sólo con el consenso de todas las fuerzas políticas de nuestro arco parlamentario, sino también con el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad, como establece la propia Constitución”, advirtió.
“De no ser así, tales pactos sólo conducirán a una mayor división y confrontación entre los españoles”, argumentó.
En los últimos días varios obispos españoles se han pronunciado en contra de los pactos alcanzados por el presidente Pedro Sánchez con los autores de los diferentes actos ilegales de corte secesionista perpetrados en Cataluña en 2017, que incluye la amnistía para los condenados.
El 16 de noviembre Sánchez se convirtió nuevamente en jefe del Gobierno, gracias a los 179 votos que recibió en el Congreso de los Diputados del llamado “bloque de investidura”, un grupo formado por izquierdistas e independentistas con los que el PSOE, partido del mandatario, hizo una serie de pactos que han generado un gran polémica.
Sobre Sánchez, el Cardenal Omella señala que espera que ahora, como “nuevo presidente del Gobierno de España recientemente investido, trabaje activamente con el conjunto de todas las fuerzas políticas para recuperar la cohesión social y dedique todas sus fuerzas a coser las heridas sociales que han provocado algunos de los recientes pactos de investidura”.