En un comunicado divulgado ayer en La Habana, el disidente y líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez, criticó la “inmovilidad” del Gobierno en materia de derechos civiles, políticos y económicos; y denunció el “desproporcionado” sistema carcelario del país.
El activista explicó que el número total de presos políticos y la población penal en general de Cuba –estimado entre 80 mil y 100 mil reclusos– no ha disminuido, confirmando con esto la “inmovilidad y el estancamiento” gubernamental.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Al finalizar el primer semestre del 2004 –agregó Sánchez–, suman 317 los presos por los llamados “delitos contra el Estado” y otros cargos similares recluidos en más de 200 cárceles existentes en el país. Según la CCDHRN, a finales del año pasado la cifra era de 315.
El disidente criticó la “radical negativa” del Gobierno para responder a las múltiples exhortaciones de la Comunidad Internacional para que mejore “de una manera independiente y soberana” la situación de los derechos civiles en el país; y denunció el rechazo al acceso a las cárceles de delegados de Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional y otras organizaciones.
En el comunicado, la CCDHRN incluyó una “lista parcial” de sancionados o procesados por motivos políticos, en la que aparecen relacionados 84 prisioneros de conciencia cubanos adoptados por Amnistía Internacional, entre ellos los 75 disidentes condenados el año pasado.
En este grupo se incluyen también seis disidentes del denominado “Grupo de los 75”, recientemente excarcelados por problemas de salud bajo una “licencia extrapenal”. Ellos son Roberto de Miranda Hernández, Carmelo Díaz, Orlando Fundora, Julio A. Guevara, Miguel Valdés Tamayo y Manuel Vázquez Portal; quienes fueron juzgados junto a otros 69 disidentes en los juicios sumarísimos de marzo y abril del 2003 y condenados a penas de hasta 28 años de cárcel.
Sánchez añadió que la excarcelación de este grupo bajo licencia “extrapenal” no responde al pedido de libertad incondicional que se reclama para todos ellos “debido al hecho indiscutible de que son presos de opinión”; y calificó de “inquietante” la situación de tres condenados a muerte.