La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado este viernes que el próximo lunes 30 de octubre tendrá lugar una Asamblea Plenaria con carácter extraordinario “centrada en la cuestión de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia”, que abordará principalmente dos temas.
Por un lado, el “estudio y valoración” del informe presentado este viernes por parte del Defensor del Pueblo sobre abusos en el seno de la Iglesia Católica. Por otro, se determinará qué decisión tomar respecto a “la solicitud del Despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal”.
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La comunicación remitida a los medios por la Oficina de Prensa de la CEE especifica que “los obispos participarán de manera online o presencial”.
Informe del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta de las Cortes Generales, Francisca Armengol, el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Una respuesta necesaria.
Se trata de un trabajo consecuencia de la la encomienda aprobada el 10 de marzo de 2022 en el Congreso de los Diputados, y que consta de cerca de 800 páginas en las que se recogen, además de detalles técnicos sobre su elaboración, testimonios de 487 personas que denuncian haber sufrido abusos, casi todas ellas cuando eran menores de edad. De esas presuntas víctimas, el 84,17% son varones.
El resumen ejecutivo del informe señala que “pretender hacer una estimación del número de víctimas supondría pasar por alto el silencio voluntario de muchas de ellas e ignorar las que han desaparecido como consecuencia del paso del tiempo”.
Además, se reconoce la disparidad en los números ofrecidos por distintas fuentes. Aún así, el Defensor del Pueblo asegura que, según una encuesta incluida en el informe realizada a más de 8.000 personas, “el abuso sexual infantil cometido en un ámbito religioso es un problema que ha afectado en España a un 1,13% de las personas adultas”.
Este porcentaje extrapolado supone que en España habría más de 400.000 personas adultas que habrían sido víctimas de abuso en el ámbito religioso en sentido amplio, lo que implica que los victimarios serían también profesores o catequistas, entre otros, en parroquias, colegios o campamentos.
Además, afirma que “el porcentaje de personas adultas que fueron víctimas de abusos cometidos por un sacerdote o religioso católico es inferior, un 0,6%, cifra similar a la encontrada en estudios realizados en otros países”. Este porcentaje equivaldría a unas 200.000 personas adultas.
Según esa encuesta, la mayoría de los que habrían sufrido los abusos serían varones (64,6%). Por otro lado, se aprecia que “el hecho de que la prevalencia disminuya en las edades más jóvenes indica una tendencia decreciente a partir de los años sesenta y setenta, en los que se produjeron el mayor número de abusos”.
Celibato y sacralidad del sacerdocio
Para el Defensor del Pueblo, los datos de la encuesta confirman que “los casos registrados oficialmente” por diferentes instancias, desde las diócesis al diario El País, “no representan más que una pequeña parte de una realidad mucho más extendida”.
El informe asegura que el clericalismo, “la sacralización de la figura del sacerdote como representante de Dios en la Tierra” y “la asunción problemática de la sexualidad” están entre los factores que han propiciado los abusos.
Además, señala como factores de riesgo específicos “el celibato obligatorio, la práctica de la administración de la penitencia y cierta visión de la sexualidad”.
Pide la “reforma institucional” de la Iglesia
El informe elaborado por el Defensor del Pueblo incluye una serie de recomendaciones, dirigidas en su mayor parte a los legisladores y al Poder Ejecutivo, pero que también interpelan a la Iglesia Católica.
Así, se pide que se realice “un acto público de reconocimiento y reparación simbólica” como parte de la “aceptación de la gravedad del problema” y que la Iglesia Católica “adopte compromisos públicos para el reconocimiento de las víctimas, la reparación y, en lo que sea necesario, la reforma institucional”.
También se insta a que los protocolos de prevención diseñados por las instituciones religiosas y sus guías de actuación estén en consonancia con los impulsados por la administración.
El Defensor del Pueblo recomienda asimismo que se pongan “los medios necesarios para que los abusadores, sean clérigos o religiosos, sean tratados con los programas de intervención” que se usan con otros abusadores.
Esta institución prevé la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y de un órgano encargado de reparar los casos en “los que no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario”.
“La Iglesia Católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abuso sexual en su proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas de casos históricos, presctritos o de aquellos en los que el agresor o la víctima han fallecido, pero la familia de ésta requiere atención”, se añade, entre otras propuestas.
Religiosos españoles: “Pedimos perdón”
El secretario general de la Confederación de Religiosos (CONFER), Jesús Miguel Zamora FSC, ha informado que la institución ha decidido tomar en consideración las propuestas incluidas en el informe del Defensor del Pueblo y que va a trabajar “para subsanar en la medida de lo posible el daño producido”.
“Pedimos perdón a todas las víctimas que han sufrido abusos sexuales dentro de la Iglesia. Nos sentimos, de verdad, profundamente identificados con su dolor y lamentamos si en algún momento no hemos sabido actuar correctamente”, subraya en un video mensaje.