El argentino Carlos Eduardo José, expulsado del estado clerical y prófugo de la Justicia desde el pasado 22 de agosto, cuando debía presentarse para recibir su condena por abuso sexual de una menor, es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Sobre él pesa una “circular roja” con orden de detención por agresión sexual, agravada por su condición de “ministro de culto y por encontrarse en la guarda de la víctima”.
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Dicha circular, con fecha 29 de agosto, determina que Carlos Eduardo José es un prófugo “buscado para un proceso penal” a cargo de la Justicia argentina. A él “se le atribuye haber abusado sexualmente de M.G.” en el domicilio de la víctima, “aprovechándose del temor que le infundía ante la situación de autoridad eclesiástica y escolar que ostentaba, que le impedían consentir y resistir tales embates”.
Por su delito, iba a recibir una condena el pasado 22 de agosto en los tribunales de San Martín, en una audiencia a la que no se presentó.
Según consigna el portal Infobae, fuentes del caso precisaron que, por pedido de la Justicia, la circular que pesa sobre el sacerdote expulsado no se encuentra disponible para su consulta en la web de Interpol Argentina.
Sin embargo, aclara que los 195 países miembros tienen la notificación para la captura de esta persona. Además, informa que hay dependencias en la Policía Federal abocadas a la búsqueda.
El abogado de la víctima, Héctor Silveira, acusa a la Iglesia Católica de darle cobertura al acusado “para que se mantenga prófugo”. Así lo hace constar en la causa, argumentando que una reciente cirugía practicada a José fue cubierta por la Asociación Eclesiástica San Pedro, obra social de la Conferencia Episcopal Argentina que es exclusiva para los sacerdotes en actividad.
La audiencia de cesura en la causa contra Carlos Eduardo José tenía fecha para el 22 de agosto, donde se le comunicaría la condena por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado”, pero no se presentó, y tampoco fue hallado en su domicilio legal, de la localidad de Caseros, en la provincia de Buenos Aires.
Al conocerse esta situación en agosto, el Obispado de San Martín aclaró a la comunidad que Carlos E. José “recibió la dispensa del estado clerical y ya no pertenece al clero de la Iglesia Católica desde el año 2017”.
Al igual que en comunicaciones anteriores referentes a la causa, la Diócesis reiteró “la firme voluntad de colaborar con la verdad y la justicia”, al tiempo que expresó su solidaridad con las víctimas y con "todas las personas que han sido afectadas y heridas durante todo este doloroso proceso”.
Además, renovó el compromiso por "seguir trabajando y rezando” en la “Iglesia diocesana por una auténtica cultura del cuidado”.
A José se le había dictado una prisión preventiva en 2017, pero recuperó la libertad en 2021, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Martín lo absolvió por considerar que los hechos habían prescripto.
Antes de su detención en 2017, también había estado prófugo durante una semana, pero luego de la repercusión mediática que tomó el caso, se entregó a la Justicia.