La investigadora y abogada nicaragüense Martha Patricia Molina presentó el miércoles la cuarta entrega de su informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, que cuenta con información actualizada sobre la persecución religiosa de la dictadura en el país.
El informe de más 300 páginas, que abarca desde abril de 2018 hasta agosto de 2023, ha documentado 667 ataques y agresiones dirigidos hacia la Iglesia Católica en Nicaragua, a los que se suman otros 70 en contra de denominaciones cristianas. Es decir, hubo un incremento de 138 ataques en comparación con el informe previo, cuya investigación comprendió hasta marzo de 2023.
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“Con las cifras que exponemos, no queda duda de que el 2023 es el año más funesto y en el que la Iglesia Católica ha sufrido mayor persecución, con 205 ataques”, sostuvo Molina el 4 de octubre en una conferencia de prensa, al comparar la cifra con los años anteriores. En 2018 se registraron 90; un total de 84 en 2019; 62 en 2020; 55 en 2021; y 171 en 2022.
Otras estadísticas del informe
En lo que respecta a la naturaleza de las 667 agresiones desde 2018, el informe desglosa los incidentes de la siguiente manera: se registraron 117 casos de ataques, asedios y obstrucciones a templos religiosos; 39 cierres de organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, proyectos y obras; se documentaron 214 actos de represión hacia religiosos; 71 casos de vandalismo y mensajes de odio; 80 incidentes de robo y profanaciones; 82 situaciones de represión hacia laicos; y 64 casos de prohibición de procesiones y actividades al aire libre.
También se informa de un total de 3.240 restricciones a prácticas de piedad popular.
En lo que respecta a la recopilación de incidentes violentos por jurisdiciones eclesiásticas en el país, se destaca que la Arquidiócesis de Managua es la que ha registrado la cifra más alta de agresiones, con un total de 242. Le siguen en la lista la Diócesis de Matagalpa con 144, la de Estelí con 52, la de Granada con 47, la de León con 36, la de Jinotega con 18, la de Juigalpa con 7, la de Bluefields con 5 y la de Siuna con 4.
Además, se informa sobre la incautación de 13 propiedades que originalmente pertenecían a la Iglesia Católica. Actualmente, “estos edificios están siendo utilizados para crear universidades partidarias, porque van a servir como centros de adoctrinamiento para las futuras generaciones”, denuncia Molina.
Respecto a los agentes pastorales, 151 de ellos (83 mujeres y 68 hombres) han sufrido las consecuencias de la persecución del régimen, al verse obligados a interrumpir abruptamente su labor pastoral en el país. Entre los 68 hombres afectados, se incluyen 1 nuncio, 1 obispo, 58 sacerdotes, 3 diáconos y 5 seminaristas.
En la actualidad, 9 agentes pastorales se encuentran detenidos, mientras que otros 3 están siendo objeto de investigaciones por parte de las autoridades policiales. Sólo el pasado 1 de octubre la dictadura de Ortega-Murillo arrestó a dos sacerdotes de la Diócesis de Estelí y uno de la Diócesis de Jinotega.
Según Molina, “en las próximas horas podríamos ver más sacerdotes secuestrados”, tras señalar que hay tres órdenes de captura contra presbíteros. “Tengo información confidencial que en el transcurso de los días y horas nos vamos a dar cuenta de otros secuestros”, agrega.
Para acceder al informe completo, puede ingresar AQUÍ.
Nací en 1991. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 trabajo como periodista digital. Inicié mi carrera en el Diario El Comercio de Perú. En 2016, comencé como redactor en ACI Prensa y me desempeño como editor web desde 2018. A partir de 2024, escribo el newsletter para social media. Me especializo en noticias católicas centradas en la defensa de la vida y la familia, política internacional, tecnología, cultura popular y el Vaticano.
