La plataforma mexicana Red Familia denunció que la iniciativa de “Nueva Ley de Población” que se podría implementar en el país, “atenta contra la vida y centra su atención en los mal llamados derechos sexuales y reproductivos”.
En un comunicado, señaló que el proyecto “está plagado de graves deficiencias jurídicas de fundamentación y contenido, además, transgrede abiertamente el marco jurídico nacional e internacional”.
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El dictamen de la ley fue aprobado este 27 de septiembre por las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, por mayoría de votos de legisladores de Morena, partido político del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto prevé que todas las personas que nazcan y residan en México tengan de manera obligatoria una Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía, que tendrá carácter de documento oficial de identificación, con una vigencia de 15 años.
De acuerdo a su exposición de motivos, la intención de esta iniciativa, impulsada por la la senadora Olga Sánchez Cordero, es tener “información estadística y sociodemográfica” de toda la población en el territorio mexicano para poder crear políticas públicas al respecto.
“Los cambios demográficos de mortalidad y fecundidad de la población, así como los nuevos patrones de migración internacional apuntan a una nueva estructura por edad. Dichos cambios se reflejan en la disminución de la población infantil, en el crecimiento de población adolescente y joven, aunque a un ritmo menor, y en el aumento de la población adulta”, añade la exposición de motivos.
No obstante, Red Familia considera que esta iniciativa no afronta el desafío del envejecimiento poblacional, sino que “centra su atención en los mal llamados derechos sexuales y reproductivos, los cuales carecen de fundamento jurídico y de consenso social”.
Acusa que este proyecto “constituye el andamiaje jurídico para la promoción e imposición del aborto en todo el país”, así como la implementación de un “modelo de educación en sexualidad para niñas, niños y adolescentes”.
“Pretenden establecer derechos que carecen de fundamento jurídico y de consenso social. No reconocen las responsabilidades, derechos y deberes de los padres o tutores en materia de salud y educación de sus hijos”, señala Red Familia.
La plataforma mexicana exigió luego a los legisladores que analicen y voten en contra del proyecto.
El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su discusión y votación por el pleno del Senado. De ser aprobado, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación o modificación.