La organización de defensa legal cristiana ADF Internacional ha presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en nombre de Mons. Rolando Álvarez, obispo condenado por la dictadura en Nicaragua.

En una nota de prensa publicada este jueves por la firma jurídica, se indica que el pedido de justicia ha sido presentado debido a la “imposibilidad de agotar recursos internos en Nicaragua”, donde el estado “de persecución es espeluznante”. El 11 de septiembre pasado, por ejemplo, un sacerdote que rezaba por Mons. Álvarez fue detenido.

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Kristina Hjelkrem, asesora jurídica para América Latina de ADF International y abogada principal en el caso, ha señalado este 14 de septiembre que “por el simple hecho de cumplir con sus obligaciones como obispo y predicar las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia Católica en sus sermones, el Obispo Álvarez fue condenado injustamente a 26 años de prisión”.

“Se trata de una clara violación no sólo de su derecho humano a la libertad de expresión, sino también a profesar su fe y compartir sus creencias como pastor. Para ADF International es un honor llevar este crítico caso ante la Comisión, con la esperanza de que se haga justicia en el caso del Obispo Álvarez y que se ponga fin a la persecución religiosa en Nicaragua”, sostuvo.

Hjelkrem subrayó que “nadie debería ser perseguido o encarcelado por compartir su fe”.

El hostigamiento por parte del régimen hacia Mons. Álvarez, un destacado crítico de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, se recrudeció a principios de agosto de 2022. Esto condujo al Prelado a ser forzado a permanecer retenido en su residencia episcopal durante un periodo de dos semanas.

El 19 de agosto de ese mismo año, agentes de policía que rodeaban la residencia ingresaron por la fuerza y se llevaron a Mons. Álvarez a Managua, donde fue puesto bajo prisión domiciliaria. Este régimen de arresto se mantuvo hasta que, el 10 de febrero, fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por los delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información”.

El obispo, sentenciado sin juicio y sin garantías procesales, también fue privado de su ciudadanía y de sus derechos civiles, en una clara contravención de la normativa que prohíbe la privación de la nacionalidad a los ciudadanos nicaragüenses.   

Mons. Álvarez ha estado en la prisión La Modelo durante 7 meses, sin comunicación con su familia ni acceso a asesoría legal.

ADF Internacional manifiesta que el Prelado no dispone en Nicaragua de recursos legales efectivos para la protección de sus derechos humanos. 

En agosto de 2023, tanto la CIDH como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH) también condenaron las persistentes violaciones de sus derechos humanos. Estas incluyeron la falta de acceso a atención médica y medicamentos esenciales, la incomunicación desde que ingresó al sistema penitenciario y la restricción en las visitas de sus familiares.

“Después de cinco años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, instamos al Gobierno de Nicaragua a abstenerse de tomar acciones contra la libertad religiosa, y a cumplir sus obligaciones internacionales, mediante la liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez y de todas las demás personas privadas arbitrariamente de su libertad”, indicaron los organismos en un comunicado conjunto.