La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) de México entregó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 112.594 firmas con la exigencia de que se frene la distribución de los libros escolares que se usarán en el nuevo periodo académico de 2023-2024, que comienza el 28 de agosto.
La recolección de firmas se llevó a cabo a través plataformas como CitizenGO y fue entregada a la SEP por diversas organizaciones sociales encabezadas por la UNPF.
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En la campaña de CitizenGO se demanda frenar la impresión y distribución del material escolar al no haberse consultado el contenido con los padres de familia y la comunidad educativa, como lo estipula en el artículo 48 de la Ley General de Educación.
Según la Unión Nacional de Padres de Familia, “la actuación del gobierno federal es ilegal al haber modificado el contenido de los libros de texto sin la consulta a los padres de familia como lo marcan las normas”. Por ello exigen a las autoridades correspondientes que respeten y cumplan la ley.
Los nuevos textos escolares desarrollados por el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se han visto en el centro de las críticas de los padres de familia, políticos opositores y medios de comunicación, que denuncian material sexualizado, con contenidos sesgados por la ideología de género y errores pedagógicos.
Batalla legal
La petición de los padres también exige que se cumpla lo ordenado por el Juzgado Tercero del Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Este organismo decretó, a fines de mayo, que se suspenda definitivamente la distribución de los polémicos textos escolares, tras una demanda de amparo presentada por la UNPF.
La sentencia ordena a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) que se suspenda la impresión y entrega de los materiales educativos y se establezca una estrategia que implemente los programas aprobados del ciclo escolar 2022-2023.
“La suspensión está fundada en el interés legítimo que tenemos los padres de familia por la educación de nuestros hijos y en la necesidad de atender con seriedad y efectividad los grandes retos que tenemos en materia educativa, y que se agravaron con la pandemia del Covid 19”, sostiene la UNPF.
A pesar de que la SEP fue notificada con la sentencia, en sus redes sociales indicó que no existe impedimento legal alguno para continuar con la distribución del material debido a que la sentencia aún no es firme e interpondrá un recurso legal.
Hasta el momento, los gobiernos de Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán y Nuevo León han suspendido la entrega de libros en tanto se resuelven los litigios que frenan su distribución.
La Unión Nacional de Padres ratificó su compromiso con la educación de todos los estudiantes de nivel básico para que cuenten con libros de texto, materiales y programas de alta calidad y con los requerimientos en metodología pedagógica, competencias, habilidades y bajo consulta, como lo determina la ley.