Una madre de familia ha sido multada y amenazada con perder la custodia de su hijo por el simple hecho de educarlo en casa y con valores cristianos. Ante ello, la organización pro derechos humanos ADF International ha presentado un recurso legal para defender los derechos de la mamá.
En una nota publicada por ADF, se indica que el hecho ocurrió en Santa Catarina, Brasil, al sur de Río de Janeiro. Allí la señora Regiane Cichelero decidió educar a su hijo de 12 años en su casa, debido a la pandemia del coronavirus y al cierre de la escuela pública en 2020.
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Cuando se reabrieron los colegios en marzo de 2021, Cichelero continuó educando a su pequeño en el calor de su hogar, considerando que así él obtendría una formación de mayor calidad y en base a sus principios religiosos, que están siendo cuestionados y socavados en la educación pública.
No obstante, la fiscalía del lugar le abrió un proceso por no querer matricular a su menor en el sistema escolar. Como consecuencia, la madre ahora tiene una multa de 300 dólares, más una penalidad de 20 dólares diarios hasta que matricule a su hijo en la escuela, pero sin que esta última sanción pueda exceder los 1.200 dólares.
Y por si esto fuera poco, el juez que llevó el caso incluso la amenazó con quitarle la custodia de su hijo si continuaba con su elección.
Para el abogado de ADF Internacional en América Latina, Julio Pohl, este es un hecho "reprochable", ya que "los padres son la primera autoridad para la educación de sus hijos, y esta reacción de las autoridades locales es una violación total de sus derechos parentales garantizados por el derecho internacional".
Es preciso indicar que el abogado Julio Pohl también está colaborando con la defensa legal de la madre brasileña. En este sentido, ADF presentó un escrito legal en el proceso de apelación ante el Tribunal de Justicia de Santa Catarina.
De acuerdo a la organización pro derechos humanos, "más de 70.000 personas reciben educación en casa en Brasil". Asimismo, el derecho de los padres "a escoger el tipo de educación" para sus hijos está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26.3.