El sábado 27 de mayo la Policía Nacional de Nicaragua, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, publicó un comunicado en el que acusa a la Iglesia Católica de varios delitos como el lavado de dinero, cargo que no tendría sustento según señalan defensores de los derechos humanos.
El comunicado refiere que la policía realizó "investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a Diócesis del País", como las de Matagalpa y Estelí.
El texto indica también que con las investigaciones se "confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se habían ordenado por Ley congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en Diócesis de distintos Departamentos".
Un día antes, de acuerdo a lo informado por diversos medios de comunicación, el régimen había ordenado congelar las cuentas de las diócesis y parroquias del país.
El comunicado del sábado precisa que la Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero, organismos controlados por el régimen, "han confirmado movimientos delictivos con fondos que, para las Diócesis, han ingresado irregularmente al País y se investigan y se han abierto procesos por todos estos delitos".
El texto señala, además, que la Superintendencia de Bancos ha solicitado a la Conferencia Episcopal y al Arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, la presentación de los documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las Diócesis "de manera que se cumpla en todo momento con las Leyes del País, evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo".